"Nos parece que primero el decreto omite plantear las situaciones que dan origen a las protestas sociales. Dice genéricamente cortes de ruta en Orán y Tartagal como principales afectados, y se omite decir las cuestiones de fondo que se están planteando que tiene que ver con acceso a derechos que son esenciales como el agua, la muerte de niños indígenas, malas atenciones en la escuela, etc.", dijo.
Asimismo, manifestó que desde el Comité se trabaja con una perspectiva de Derechos Humanos y los estándares internacionales en materia de protestas social señalan que debe trabajarse con enfoques preventivos, que estén limitados a los hechos, que el uso de la fuerza sea excepcional y atención especial sobre los grupos vulnerables.
"Se entiende que la protesta social es parte esencial del sistema democrático, se tiene que garantizar que se pueda producir, que se garantice el derecho a reunión, de asociación, de expresión. Eso te cambia el centro del tipo de abordaje, más centrados en el diálogo y negociación y no en cómo va a ser una represión", expresó.
Solá sostuvo que todas las protestas son diferentes y no pueden tratarse de manera uniforme, y que es fundamental cuidar la seguridad de todos los presentes tanto manifestantes como fuerzas de seguridad como terceras personas, además de garantizar el dialogo. En ese sentido, remarcó que en el protocolo se marca que habrá dialogo una vez despejada la ruta.
El presidente del Comité expresó que desconocen cómo se armó el protocolo y consideró que se podría haber trabajo en mesas intersectoriales e interinstitucionales para llegar a un consenso.
"Al haber limitaciones a derechos constitucionales, tendría que ser a través de una ley y no a través de un decreto, también vamos a observar eso, y plantearse solamente en casos excepcionales y que haya una absoluta necesidad, no una oportunidad", remarcó.
Además, consideró que "podría haber un exceso" de las atribuciones provinciales con, por ejemplo, la aplicación del protocolo en rutas nacionales.
