EMITIERON COMUNICADO

Como “intento de atropello” califica APES el protocolo contra las protestas

Frente a las recientes disposiciones del gobierno provincial para poner fin por la fuerza a los reclamos en el norte provincial, desde la Asociación de Periodistas de Salta (APES) elaboraron un duro comunicado por lo que consideraron "un intento de atropello y ataque al periodismo en la provincia de Salta".

La situación generó consternación en los trabajadores de prensa.
La situación generó consternación en los trabajadores de prensa.

Desde la organización jurídica exigieron que a la brevedad se revea dicho Protocolo y se deje inmediatamente sin efecto sus Capítulos IV y V del ANEXO, y los cuales son detallados en el comunicado, que hacen referencia al accionar de las fuerzas de seguridad con respecto de los trabajadores de prensa.

En ese sentido, expresaron "la clara vulneración de derechos constitucionales y de Tratados Internacionales en el que se rige el colectivo de prensa para ejercer el trabajo" e insistieron "con viejas solicitudes efectuadas en reuniones presenciales que mantuvimos como Asociación con el Gobernador Gustavo Sáenz, donde exigimos en reiteradas oportunidades la obstaculización constante de las fuerzas de seguridad para desarrollar la labor periodística y la falta de garantías de seguridad con la que contamos como periodistas a la hora de realizar una cobertura". Por lo tanto, reclamaron "la imperiosa necesidad de modificar dicho Decreto, para evitar vulnerar y atentar contra el ejercicio periodístico".

Del mismo modo, se expresaron en declaraciones en sus redes sociales y bajo la consigna #ataquealperiodismo, referentes y activistas de las distintas organizaciones de derechos humanos, recordando tiempos pretéritos en los que era moneda común la represión de las protestas, con negros capítulos para la historia de reciente de estas tierras, como la “noche de las tizas”, con los trágicos incidentes que aún no se borran de la retina de los salteños y salteñas en manos de la brutalidad de las fuerzas coercitivas que respondían al entonces gobernador, Juan Carlos Romero.

 

 

 

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