Un total de 19 legisladores del Bloque Justicialista Sáenz Conducción, firmaron como co-autores el proyecto que se debatirá en la Cámara de Diputados.
El proyecto prevé reglamentar servicios que brindan las ONG para la generación de historias clínicas y la recolección de datos sanitarios sobre los pacientes que atienden en territorio provincial.
El objeto de la iniciativa es la articulación de actores en torno a la salud intercultural.
La Autoridad de Aplicación – el Ministerio de Salud Pública – deberá determinar la forma, plazo y medios en que debe realizarse la comunicación y la remisión de los documentos referidos en la ley.
“De esta manera, la Autoridad de Aplicación, al reunirse con la información y datos relevantes obtenidos por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los servicios de atención públicos, estará en mejores condiciones para elaborar una adecuada planificación y ejecutar acciones conforme a las necesidades particulares de cada comunidad”, argumenta el proyecto.
Disposiciones previas
El ex ministro de Salud Pública, Juan José Esteban al ser consultado por Nuevo Diario informó que durante su gestión se generaron disposiciones ministeriales que reglamentaban el plazo de trabajo de las fundaciones y la remisión de documentación vinculadas al paciente para ser incorporados a la historia clínica que figuraba en el sistema público.
“Observamos una gran presencia de fundaciones en el territorio, pero el amperímetro de la situación sanitaria del norte no cambiaba”, dijo el ex ministro a este medio. Con este argumento Esteban sostuvo que se ordenó la presencia de este tipo de instituciones en el territorio provincial.
Salud intercultural, la deuda pendiente
La Ley de Salud Intercultural promueve que el Estado provincial considere y adecúe sus prácticas a las cosmovisiones y culturas de los pueblos originarios para mejorar su acceso a las políticas públicas.
También contempla el trabajo de facilitadoras y facilitadores interculturales en los centros de atención médica y de profesionales formados en salud comunitaria e intercultural. La legislación se encuentra sancionada desde 2014, pero no fue reglamentada hasta la fecha e incluso se han generado sentencias judiciales exigiendo que el Gobierno Provincial cumpla con la ley.
Esteban indicó que al finalizar su gestión, desde el ministerio habían adquirido los requerimientos estructurales que la ley exige, por lo que estaba en estado ya para reglamentar, aunque hasta el momento esto no sucedió.
Los legisladores avanzan nuevamente con una ley que pretende generar mayores lugares dentro del estado para las organizaciones civiles, pese a que hoy Salta tiene normativas vigentes sin implementar para trabajar con la salud indígena.
