Los productores llevarán a cabo la marcha en reclamo a la falta de ejecución de la Ley del Impuesto Interno Mínimo que grava los productos derivados del tabaco, especialmente a los cigarrillos y que según comentó Cornejo el mismo no se implementa correctamente dada maniobras judiciales de la industria tabacalera.
El impuesto se sancionó durante el 2011 y Argentina lo incorporó en función de una pauta de la Organización Mundial de la Salud que establece que los productos derivados de la producción tabacalera deben tener un costo alto para evitar el habito de consumo de los cigarrillos a nivel mundial. Con ese impuesto a las tabacaleras, se buscó que las mismas eleven el precio de los paquetes o atados de cigarros.
Las tabacaleras deben abonar un 7% del precio de venta de los paquetes al Fondo Especial del Tabaco (FET) que hoy es el principal ingreso de los productores de tabaco según detalló Cornejo a este medio. El problema radica en que al no aplicarse correctamente el impuesto se desfinancia el FET, dado que las empresas pagan menos ya que el precio de los paquetes de cigarrillos es menor si no impacta el impuesto.
El reclamo a la justicia
Desde que salió el impuesto en 2011, las empresas nacionales agrupadas dentro de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras (Bronway Technology SA, Tabes SA, Formen SA y Cigarrillos y Tabaco SA), junto a la Tabacalera Sarandí han recurrido al fuero federal para a través de medidas cautelares, lograr evitar pagar el impuesto.
Bajo el precepto de ser un impuesto inconstitucional por afectar el derecho a la libertad de comerciar, estas empresas presentaron amparos a la justicia en todo el país.
"Todas las empresas le dijeron a la justicia que este impuesto es inconstitucional porque afecta la libertad de comerciar, pero hasta que vos juez me declare la inconstitucionalidad díctame una mediad cautelar innovativa. Entonces diferentes juzgados a lo largo y ancho del país otorgaron medidas cautelares, para no pagar preventivamente este impuesto", comentó Cornejo en el programa Hora de Voces.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante la apelación de un fallo a favor de Tabacalera Sarandí SA, decidió revocar las medidas cautelares y covalidar el impuesto.
"Vamos a peticionar en el poder judicial de la nación de que que los jueces interiores de primera instancia y Cámara Federal respeten el fallo que emitió la corte", indicó Cornejo.
"Hemos visto en los últimos meses la Cámara Federal de Salta no ha respetado el lineamiento de la Corte Suprema y les brindó una medida cautelar a una empresa de la provincia de Salta", acotó.
Con la movilización buscarán que la Corte evite que fallos de juzgados federales del interior contradigan lo resuelto por el máximo tribunal y que se manejen con un criterio uniforme en torno a la problemática.
El reclamo a la AFIP y el pedido al Congreso
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es otra dependencia blanco de las críticas de los productores.
Y es que, según detalló el sindico, aquellas empresas que no disponen de medidas cautelares que les eviten pagar el impuesto, de igual manera no tributan y siguen operando con normalidad.
"Necesitamos explicaciones del caso del porque empresas que no disponen de beneficios judiciales no pagan el impuesto. Nos preguntamos por qué la AFIP no actúa, no les exige el cobro y por qué se sigue autorizando para seguir operando en la venta de cigarrillos", explicó Cornejo.
Por otro lado al Congreso de la Nación se le remitirá un pedido para que se incorpore a la ley para tributar al tabaco para armar y triturado, que hoy su consumo no está gravado.
El Fondo Especial del Tabaco
El Fondo Especial de Tabaco es una ley nacional del año 1973 y establece que se integre económicamente con el 7% del precio de venta de los paquetes de cigarrillos.
La Secretaría de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Nación es quien transfiere estos fondos a los estados provinciales, sin embargo, hubo incovenientes en las transferencias, por lo que los productores reclamarán al estado nacional que realice el giro automático de los montos, tal como establece la legislación vigente.
La distribución se realiza a quienes cultivan la tierra en función de los kilos producidos. De ese fondo también se pagan todos los aportes de contribución de la seguridad social de los empleados rurales.
"La producción salteña tiene un promedio de 10.000 empleados permanentes rurales y esos fondos están registrados en sus aportes pagados al día", dijo Cornejo.
También con esos recursos en Salta se le paga a los 1.830 productores de la provincia una prepaga de salud, además de obras de infraestructura productiva. La importancia de este fondo para el crecimiento social de las poblaciones rurales donde la principal producción es el tabaco, generá que el desfinanciamiento de las industrias impacten de lleno y profundizen asimetrías sociales en las poblaciones afectadas.
