Estas son dos de las razones por las que se exige la prórroga de la ley 26160, que sería tratada hoy por el Senado de la Nación.
Además, si bien la existencia de esta ley ayudó a las comunidades a permanecer en sus territorios, no fue suficiente para evitar que se cercenaran sus derechos, como explican los datos aportados por la ingeniera agrónoma Ana Alvarez, de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF): “Desde la sanción de la ley 26160, en 2006 (y hasta 2016), se han perdido más de 2 millones y medio de hectáreas de monte en las provincias del NOA”, indicó a Nuevo Diario.
Detalló que muchos de estos desmontes “afectaron tierras indígenas que no han podido defenderse con una resolución oficial (del relevamiento que demostró su vivencia en ese lugar) como para presentarse ante proyectos de desmontes que estuviaron afectándoles”. Y esta indefensión ocurrió aun con la ley de su parte. Y señaló que sucedió en provincias como Salta, “donde pocas comunidades tienen el tema de la tenencia resuelta. Muchas están con el relevamiento concluido sí, con resolución, pero la gente no tiene la carpeta en la mano”, indicó.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional informó que “hay solo 1532 comunidades registradas” en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y a organismos provinciales, como la Dirección de Personería Jurídica, en el caso de Salta.
Basándose en datos aportados por el INAI (a pedido de Amnistía), la organización sostuvo que el relevamiento concluyó en solo 459 de las 1532 comunidades registradas. Y aún estas 459 “no cuentan con los títulos de propiedad”, con lo que “se deja afuera al 70% de las comunidades registradas”. Tras recordar que las 1532 comunidades no representan a la totalidad de las existentes en el territorio argentino, Amnistía aseguró: “Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a derechos”.
Con estos argumentos la organización también viene exigiendo que se prorrogue la ley de emergencia territorial para mantener la suspensión de los desalojos y terminar con el relevamiento territorial, paso previo para avanzar en la regularización de la propiedad.
Funcionarios del Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta vienen señalando que hay un vacío legal que dificulta la entrega de los títulos de propiedad, y han afirmado que se discute otra ley para cubrir este vacío.
