Raúl Cabral contó que en el 2001 su padre se instaló en 600 hectáreas de tierras fiscales del lote 22 ubicada a 20 kilómetros de Morillo. Allí se dedican a la cría de ganado menor y mayor. Según él, en el 2004 la Municipalidad colocó mojones para marcar tierras para la comunidad wichí La Cortada. En el 2014 el caso se judicializó. Señaló que los asentamientos de la comunidad que iniciaron recién en el 2017 y 2019 -a pesar de la medida de no innovar que dispuso la Justicia- los encerraron y no les permiten el paso.
"Nuestro error fue dejar que pongan los mojones sin que nos delimiten tierras para nosotros. Después mi papá presentó en la Justicia pruebas y testigos de la cantidad de años que estamos en las tierras. Pero nadie nos da una solución. La comunidad quiere desalojarnos y nos encerró en el campo y dicen que las tierras son de ellos. Nos quieren dejar en la calle", afirmó Cabral.
El campesino relató que los miembros de la comunidad le cortaron el paso en dos oportunidades. "Con tractores ellos nos cortan el camino para que puedan trabajar tranquilos. Mi papá no puede salir. Mi mamá estuvo dos hora en el corte porque justo había ido a Morillo", dijo.
Para Cabral hubo funcionarios municipales que hicieron mal los papeles, puesto que su familia tiene pruebas de la posesión de la tierra desde el 2001 y que en el 2004 se comenzó a tramitar la documentación para la comunidad.
"No descarto que hayan funcionarios que hicieron mal su trabajo, porque cómo puede ser que pongan un mojón con una familia adentro y sin dejar una parte para ellos. Hace 20 años que nosotros estamos aquí y la gente de la comunidad quiere desalojarnos tomando la ley en sus manos", sostuvo.
Agregó que: "Nosotros no pedimos que nos den las 600 hectáreas, sino lo mismo que le dieron a los otros campesinos. Todas las familias campesinas e indígenas tenemos derecho a un pedazo de tierra para vivir y producir en forma segura y en paz".
