Durante el día el adolescente fue liberado, mientras que los dos adultos, Matías Mora y José Antonio “Jocha” Castro, continúan detenidos. Serán indagados hoy y es posible que recuperen sus libertades, indicó una fuente a Nuevo Diario.
Según informó el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, el predio está a nombre de un vecino de apellido De La Fuente, natural de esa localidad, quien denunció la usurpación y así se inició un trámite judicial en el que se pidió el desalojo, que fue ordenado por el juez de Garantías de 2° Nominación de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta.
El fiscal aseguró que se buscó que los ocupantes abandonaran el terreno sin violencia y que para ello se apeló al diálogo y se filmó el procedimiento en el que las cosas de los ocupantes fueron cargadas en camiones y sacadas del predio.
Esto se hizo el martes desde las 6 y ayer por la mañana hubo un incidente que, según la versión oficial, fue provocada por la resistencia de Castro y Mora, quienes “instigaban” a los ocupantes a no abandonar el predio.
En esos disturbios un policía recibió una pedrada en la rodilla, por lo que también se acusa a los detenidos por lesiones, y resistencia a la autoridad.
Sin embargo, el movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), aseguró que Videla Castro y Mora, militantes de este espacio, trabajaron en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP), un proceso destinado a regularizar la tenencia de terrenos en las barriadas mediante la expropiación, si fuera necesario, según un acuerdo entre el movimiento y el Ministerio de Desarrollo de la Nación.
El dirigente nacional del movimiento Evita, Ignacio Rico, contó en declaraciones a medios de Buenos Aires que este asentamiento, que ya tiene dos años, fue relevado en el marco del RENABAP. Mora (residente en Buenos Aires) llegó a Salta el lunes, a Tartagal, donde entregó certificados de viviendas familiares (que otorga la ANSeS) y el martes, con Videla Castro, que es de Pichanal, fueron a Salvador Mazza.
“A la media hora, apenas habían podido entregar entre 5 y 10 certificados, raramente cayeron las fuerzas de seguridad, intempestivamente y empezaron a plantearles que los iban a desalojar en breve. Dicho y hecho, empezaron a ejercer presión sobre las familias, y a amenazar de que si no desalojaban pacíficamente iba a haber una represión”.
Oscar “Vila” Díaz, dirigente de la CTEP Cachi, indicó a Nuevo Diario que algunas de las familias que se habían retirado el martes, ayer volvieron.
