Es así como los radicales de “Adelante”, elaboraron un duro documento en el que aseguran que se trata de “otro ataque a la libertad y a los derechos constitucionales”.
No obstante, desde este sector, detallaron algunos antecedentes preocupantes, como los de la creación del Colegio de Comunicadores Sociales: “parece haberse hecho carne en parte importante de la dirigencia política salteña la idea de limitar la libertad de expresión”, sostienen y agregan que: “lo que se presenta como una defensa de la intimidad y el decoro de los ciudadanos, se manifiesta más bien como el intento de constituir una suerte de operativo blindaje de funcionarios y figuras políticas, cada vez más cuestionados. Resulta claro que parece haber más preocupación en callar a los ciudadanos que en investigar conductas y acciones reñidas a veces con la ética y otras, directamente, con el imperio de la ley”.
De este modo, los radicales recordaron un reciente documento emitido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), advierte “que la clase de sanciones que estipula el proyecto de ley ahora en tratamiento en la legislatura salteña “podría ser utilizada como medio de persecución a los periodistas, a través de procesos contravencionales que, en sí mismos y aún cuando no lleguen a una condena, suponen una amenaza para su ejercicio profesional”.
“Por ello, desde nuestro espacio político, Adelante (UCR), repudiamos este y cualquier otro intento de vulnerar las libertades civiles proclamadas por nuestra Constitución Nacional y hacemos un llamado urgente a los legisladores a elaborar normas que vayan en beneficio de la sociedad y no en el camino de conculcar derechos insustituibles”.
El pronunciamiento de los integrantes del partido centenario, va en la misma línea de acompañamiento, en virtud de un engañoso articulado, que asegura avanzar sobre la violencia digital, pero enmascara un blindaje al poder político.
También desde el FOCIS
El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) se manifestó en disenso y aseguró que esta iniciativa “pretende instaurar una especie de blindaje a los funcionarios públicos para evitar que puedan ser criticados”. “Es una evidente confusión en la que han incurrido los diputados, con excepción de una sola legisladora que votó en contra del dislate”, agregaron. En ese sentido, recordaron también que Argentina “modificó el Código Penal, despenalizando las críticas en asuntos de interés público a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció que los funcionarios públicos, los jueces entre otros, tienen que tener un umbral de tolerancia a las opiniones y juicios de valor en tanto se expusieron voluntariamente al escrutinio público”. Del mismo modo advirtieron sobre otros impulsos de estos blindajes en La Rioja, y remarcaron el caso de un Juez que dedujo juicio a una abogada porque se permitió criticar en derecho una sentencia que el presunto ofendido había emitido.
