Los policías, tal como lo solicitó el fiscal penal de Derechos Humanos Gabriel González, deberán responder por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves y falsificación de documentos públicos.
De las tareas investigativas, surgió que los imputados citaron al denunciante para que prestara declaración testimonial en la Brigada de Investigaciones 2, a raíz del robo en el Supermercado Comodín de Orán.
Una vez allí, cometieron un claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables ni una orden de la autoridad competente.
Los policías, en busca de resultados, privaron ilegítimamente de la libertad ambulatoria al denunciante, a quien retuvieron desde las 18 del 8 de abril, hasta la madrugada del día siguiente, esposado y sin que pudiera irse de la dependencia policial.
Con los elementos reunidos durante la investigación llevada adelante por la fiscala penal Verónica Simesen de Bielke, fueron imputados el oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.
Anagua también fue imputado por falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados, ya que, en su calidad de funcionario público, insertó en un instrumento público una declaración falsa, concerniente a un hecho que el documento debía probar, al haber consignado como dichos del denunciante la responsabilidad por el robo a las personas que los policías incriminaron.
Tras las detenciones producidas el 29 de abril, fueron posteriormente imputados el sargento Pedro Daniel Smiter y el suboficial principal Héctor Gustavo Calleja.También fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien estaba a cargo de la dependencia; el oficial Jesús
