El fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta junto al fiscal ad hoc, Juan Manuel Sivila, formalizaron ayer el pedido de penas en el marco del juicio que se le sigue a Marcos Jacobo Levín, expropietario de la empresa "La Veloz del Norte"; a José Antonio Grueso, exjefe de personal de la firma; y Víctor Hugo Almirón, exjefe de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta.
Lo hicieron ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Marta Liliana Snopek (presidenta), Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. El juicio se lleva adelante desde el 3 de octubre pasado, tanto de manera presencial como por vía remota.
Respecto a Levín, solicitaron una pena de 25 años de prisión por considerarlo instigador de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas", en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.
Para Grueso, en tanto, pidieron una condena de 23 años por su responsabilidad como partícipe necesario de los delitos de "privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
La misma pena, de 23 años, se repitió para Almirón, en este caso, por tener por acreditada su participación en calidad de autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del abogado Gastón Casabella, había requerido la pena máxima (25 años) para los tres acusados por la misma calificación legal propuesta por la fiscalía, al inicio del debate.
