En el juicio se juzgó a Verónica Molina, ex titular de la sede del PAMI Salta; dependencia de la cual formaron parte de su conducción Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, ambos también imputados en el proceso. A esto se suman Marcos Vera, ex director de la ANSeS y Fernando Ruarte, ex concejal de la Ciudad de Salta.
La Fiscalía solicitó que Molina sea penalmente responsable de los delitos de exacciones ilegales, peculado y malversación de caudales públicos, todos en calidad de autora.
A Vera solo se le acusó de exacciones ilegales en calidad de autor, mientras que a Albornoz y Gerónimo se les solicitó que tengan responsabilidad penal por malversación de caudales públicos en calidad de autores. A Ruarte por su lado, se le solicitó se lo declare penalmente responsable por el delito de malversaciones de caudales públicos.
En su alegato de apertura, el fiscal Toranzos repasó la acusación, que tiene como eje la exigencia que pesaba en los jefes de las agencias que posee el PAMI en localidades del interior, para que pagaran el 20 % del sueldo en concepto de aportes a la organización política.
Además, se juzga también a los ex funcionarios por la entrega irregular de cientos de electrodomésticos que habían sido donados al PAMI por la Dirección Nacional de Aduanas, y que habrían sido usados en la campaña de renovación de la banca de Ruarte.
"Lo que se hizo por parte del Ministerio Público, fue evaluar la prueba que se ha producido en la audiencia, numerarla, hacerle un análisis y entrecruzamiento que nos permite conformar el fundamento de la imputación", explicó Toranzos a Nuevo Diario.
Durante el juicio pasaron distintos testigos que abordaron la primera acusación que investiga los aportes obligatorios que funcionarios del interior debían hacer al espacio kirchnerista.
A lo largo del proceso, algunos testimoniales buscaron cambiar la impronta de las declaraciones que dieron ante el Tribunal.
"Nosotros entendemos que más allá de que algunos testigos hayan cambiado la tilde que le dieron a ese aporte que le exigían, concretamente hubo una estructura de obligatoriedad”, dijo el fiscal.
Las deliberaciones a cargo del TOF 2
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por Gabriela Elisa Catalano, Domingo Batule (presidente) y Abelardo Jorge Basbus, tendrá a su cargo las deliberaciones en el juicio en contra de los funcionarios camporistas.
Al inicio de las audiencias el fiscal Ricardo Toranzos afirmó que existía una “exigencia” de pago la que estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento. Así, durante el juicio presentó pruebas, tanto de orden documental como testimonial, que incluyeron evidencias concretas, tales como capturas de mensajes, audios y documentación bancaria respecto al dinero recaudado. También se llegó al conocimiento de que toda la maniobra, se produjo en el marco de una modalidad ilegal que salió a luz por una denuncia anónima y la declaración de dos exgerentas de ese organismo.
