Ordenó medidas sustitutivas de prohibición de salir del país, la retención de documentos de viaje, y la notificación a las autoridades pertinentes. Además de ello, estableció la prohibición de contacto del imputado con las personas que integran la caja y que puedan ser peritos, testigos o personas que puedan tener intervención en el proceso.
En ese sentido, ordenó el arresto domiciliario del hombre con un sistema de monitoreo y la caución real por un monto superior a 43 millones de pesos en efectivo o bienes susceptibles de ser ejecutados a tal fin. Este fue el monto preliminar informado por la Caja de Abogados que habría sido sustraído en relación a la causa.
El juez tuvo en cuenta para ello que las partes no acreditaron de manera suficiente el peligro procesal del imputado, y que en casos anteriores similares se había adoptado idéntico criterio por parte del Ministerio Público Fiscal. Además consideró la falta de antecedentes del hombre en su prontuario.
Agregó que tanto la fiscalía como las querellas refirieron a un riesgo procesal de fuga.
La audiencia fue fijada por la Oficina Judicial de Garantías (OfiJu) luego de presentado el pedido de prisión preventiva por parte del fiscal penal interviniente.
La denuncia fue radicada por La Caja de Abogados. En su escrito dijeron los apoderados que el 15 de junio pasado, personal perteneciente al sector contable de la institución, mientras controlaba aportes adeudados generados en procesos judiciales advirtió una irregularidad registrada en el cobro de un expediente, consistente en el pago y la anulación del recibo respectivo. Esto llevó a realizar un relevamiento de los distintos cierres de caja correspondientes a los recibos de esta gestión, por lo cual se advirtió una posible maniobra fraudulenta. De la denuncia surge que el acusado habría recibido el dinero en efectivo, el que ingresó en la institución para luego ser anulado su ingreso a caja.
Condenan a dos municipales por falsificar habilitaciones
La Sala 6 del Tribunal de Juicio condenó a Andrea Cecilia Palacios, y Hernán Ochoa a dos años y cinco meses de prisión de ejecución en suspenso e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena por el delito de falsificación de instrumento público.
Ambos, además, fueron absueltos del delito de estafa. Por su parte, Azucena del Valle Ruiz resultó absuelta de los delitos de estafa y falsificación de instrumento público. Durante su alegato, la fiscal Penal Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado tres años de prisión de cumplimiento efectivo y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Ochoa; 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional y 5 años 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Palacios. En cuanto a Ruiz, la fiscal de UDEC solicitó la absolución por la duda razonable.
Ochoa, Palacios y Ruiz fueron denunciados el 11 de junio de 2.020 por la Subsecretaria de Habilitaciones de la Municipalidad de Salta por haber emitido un Permiso Transitorio de Habilitación a un local de productos y artículos de limpieza de Leguizamón al 1.700, con su firma falsificada. Los investigadores de la División de Delitos Económicos descubrieron que el propietario había iniciado en agosto de 2019 los trámites para habilitación de su local, siendo atendido en el Centro Cívico Municipal por Ruiz, del Área de Inspecciones y por Palacios del Área de Legajos, que es la que propiamente se ocupa de la extensión de los permisos transitorios. Abonó un total de $ 6.000, $ 3.000 por sellado y $ 3.000 por honorarios. El trámite debía continuar vía web.
El dueño del local contrató a un hombre (Ochoa) que se presentó como gestor, para la habilitación comercial de su local, entregando dinero para la realización del trámite. Tiempo después le entregó el Permiso Transitorio.
