Según lo informado por el auxiliar fiscal Rafael Lamas, las actuaciones se iniciaron por una denuncia realizada al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas. En función de ello, la sede fiscal de Tartagal, de la justicia federal, convocó a personal de la Secretaría de Trabajo de la Provincia; Administración Federal de Ingresos Públicos; División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificados por el delito de Trata de Personas de Salta a fin de realizar un procedimiento en la finca. Atento a lo descrito, personal de Gendarmería Nacional interviniente, previa coordinación llevada a cabo con el centro de apoyo y adiestramiento antidrogas “General Mosconi”, ingresó al lugar y como resultado se detectaron siete ciudadanos, argentinos mayores de edad, los cuales se encontraban trabajando en condiciones insalubres y viviendo en carpas de plástico no aptas para habitabilidad; sin agua potable, baños y luz eléctrica. De inmediato, el personal convocado procedió al rescate y asistencia de los damnificados, quienes fueron trasladados luego hasta sus respectivos domicilios, en localidad de El Quebrachal, mientras la sede fiscal, a cargo del fiscal federal Marcos Romero, trabaja en las actuaciones restantes.
A los obreros rurales les adeudaban tres meses
Anteayer se conoció que en un operativo conjunto llevado a cabo entre diferentes organismos terminó en el rescate de siete personas víctimas de trata en una finca de 5.200 hectáreas situada sobre Ruta Provincial 54. Dos de los trabajadores son oriundos de Santiago del Estero. El operativo se llevó a cabo el jueves 23 e interviene el Juzgado Federal de Tartagal.
Del grupo de siete hombres que trabajaban en una finca ubicada en Campo Durán (Aguaray - departamento San Martín), se constató que cinco son oriundos del departamento Anta y dos de la provincia de Santiago del Estero. Los efectivos de las fuerzas de seguridad y los organismos de control fiscal testimoniaron las condiciones deplorables de seguridad e higiene, hacinamiento, precariedad y ausencia de los servicios básicos como ser agua potable, luz y otros. El trabajo que venían efectuando desde hacía tres meses, sin paga, era "deschampe"; es decir, cortaban troncos y desraizaban (sacaban raíces) de la vegetación del terreno, tareas que efectuaban de manera voluntaria en largas jornadas de trabajo ante la necesidad laboral. Hasta el arribo de autoridades al lugar, ya habían completado la labor en 220 hectáreas de las 5.200 que componen la finca en cuestión.
