El ex dueño de La Veloz del Norte es juzgado por hechos ocurridos en enero de 1.977, en perjuicio de 17 trabajadores de esa empresa.
El martes pasado, el Tribunal Oral Federal 1, presidido por la jueza Marta Snopek y los vocales María Alejandra Cataldi y Abelardo Babus, escuchó a las defensas. En esa ocasión, el defensor del empresario insistió en que los delitos imputados a Levín no constituyen hechos de lesa humanidad.
Por el contrario, aseguró que la acusación impulsada contra su cliente se trata, en realidad, de una maniobra que las presuntas víctimas desplegaron para evitar así el proceso penal iniciado en su contra por distintos hechos de fraude, en perjuicio de la empresa.
Sobre el encuadre jurídico, rechazó que los hechos padecidos por los trabajadores sean de lesa humanidad, puesto que no reúnen los requisitos legales del caso, pues las presuntas víctimas no tienen actividad política o gremial reconocida, prueba de ello es que la fiscalía ni la querella pudieron presentar evidencias directas que ameriten esa condición.
“Esta defensa no va a ser felona y desconocer que, en aquellos años, los policías apretaban a los detenidos, como que así ocurrió, sin embargo, esa situación no tuvo ni tiene nada que ver con Levín, cuyo único vínculo que tuvo en todo esto fue defender los intereses de la empresa que había fundado”, sostuvo el abogado Marcelo Arancibia.
La fiscalía asegura que la detención ilegal de los 17 empleados de esa transportista, entre el 20 y 24 de enero de 1.977, como así también las torturas y privación ilegítima de la libertad –entre otros delitos que padecieron- fueron instigados por Levín.
El defensor indicó que su cliente no puede responder por ello y que lo único que hizo el empresario fue una denuncia el 21 de enero, en la cual relató que, al realizar controles en los recorridos de las unidades de la empresa, en el tramo de Salta a General Güemes, es que descubrió una maniobra ilegal.
El mismo empresario descubrió boletos extras
El defensor explicó que, al subir el empresario Marcos Jacobo Levin a un colectivo de la firma, de la cual era socio gerente, es que descubrió que había talonarios extras, mediante los cuales los trabajadores revendían los boletos, quedándose con esa plata. “Estaban desguazando la empresa con una modalidad hormiga, la que también incluía otros actos de pillaje, como el robo de contenido de encomiendas y de repuestos de algunos micros, los que luego eran revendidos”, agregó.
“A contrapelo de lo expuesto por la fiscalía, esta defensa puede probar todo”, afirmó el defensor, quien explicó que, una vez radicada la denuncia radicada por parte de Levín, uno de los empleados (Norberto Justiniano) delató todo, lo que “consta en el expediente judicial abierto en la justicia provincial”.
Indicó que su defendido habló con Justiniano para que dijera quiénes más estaban detrás de esas maniobras, pero no dijo nada, por lo que fue hasta la comisaría, en la que hizo la denuncia. “Después de eso, no pisó nunca más la seccional”, afirmó.
Sobre cómo los policías llegaron a los nombres de los otros 16 detenidos, negó de forma terminante que haya sido a través de su cliente. “Fue Justiniano el que delató a sus compañeros, no sólo respecto a la maniobra con la reventa de boletos, sino también sobre otros ilícito más”, manifestó.
Para Arancibia, es difícil para los empleados implicados reconocer la “botoneada” de Justiniano.
