El 29 de septiembre de 2.023, y en el marco de las funciones constitucionales que se encuentran en cabeza de la Procuración General de la Provincia, consistente en velar por el correcto cumplimiento de las leyes, garantías y el cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación, su titular, Pedro Oscar García Castiella instruyó a las Fiscalías de toda la Provincia sobre la forma en que deben conjugarse dos principios igualmente relevantes: el tratamiento adecuado de los reclusos que requieren atención médica y las medidas preventivas de seguridad a tomarse en esos casos para neutralizar riesgos de fuga.
Así, mediante Resolución Nro. 1.464, el Procurador General instruyó a todas las Fiscalías Penales para que adopten medidas concretas al momento de tomar conocimiento de que una persona privada de libertad será trasladada a un establecimiento de salud para una atención médica.
García Castiella insta a que, en esos casos, deberá requerirse al Juez que autoriza la medida (traslado para atención médica o internación temporal), que extreme los recaudos tendientes a evitar que las personas privadas de su libertad sean sometidas a sujeciones innecesarias.
Proteger al paciente y al personal de salud
El Procurador exige que la medida sólo sea utilizada como último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente, o bien al personal de salud y a terceros, cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que represente una amenaza a la seguridad de aquéllos, siempre que no exista la posibilidad de adoptar otras medidas de seguridad menos gravosas.
Esta disposición surge como consecuencia de la recurrencia habitual al uso de encadenamientos o esposas en situaciones en las que el privado de libertad se vea obligado por necesidades de salud, a acudir a asistencias -inclusive internaciones- en establecimientos de salud, y en determinados casos de manera innecesaria o excesiva, sin un criterio rector razonable que pondere su necesidad y proporcionalidad en relación a la peligrosidad o riesgo de fuga del enfermo, neutralizable con otros medios, como así también la ponderación del cuadro o acto médico que provoca la atención.
Por otro lado, encomendó a la Fiscalía de Derechos Humanos que, dentro de su rol de supervisar los centros de detención de personas, también debe abarcar el monitoreo de los establecimientos médicos en los que se encuentren internadas temporalmente personas privadas de su libertad y/o con medidas de seguridad definitivas, lugares en donde deberá verificar la aplicación de las recomendaciones establecidas en la mentada Resolución 1.464.
