El ex obispo Gustavo Zanchetta se encuentra cumpliendo una condena de 4 años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual continuado agravado a dos exseminaristas.
A Zanchetta le dieron el beneficio de prisión domiciliaria a meses de haber sido condenado en julio del 2022, tras un pedido de su defensa alegando problemas de salud del condenado, por un cuadro que se conoció como "severa hipertensión agravada por aneurisma en arterias renales”.
Los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, son los integrantes del tribunal que otorgó el beneficio al cura.
Ahora. tras un informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal, se avanzó en la imputación en contra del personal del Servicio Penitenciario por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.
La defensa del ex religioso, denunció el encadenamiento a la cama al que había sido sometido su defendido. Se cuestionaba en dicha presentación el uso de grilletes y esposas como elemento de sujeción a la cama en la clínica en donde estaba siendo asistido por un episodio de afección multiorgánica; disponiéndose en aquella oportunidad la remisión de piezas pertinentes a la Fiscalia correspondiente.
Zanchetta había sido trasladado hacia una clínica por un episodio agravante de su cuadro clínico de base basado en afecciones cardíacas multiorgánicas e hipertensión arterial.
Estas circunstancias fueron oportunamente doblemente corroboradas por personal médico tanto particular como así también del Poder Judicial de Salta, al haberse consignado por parte del profesional del Servicio Medico del Distrito Judicial Oran, que se trataba “de un paciente de alto riesgo debido a la afección multiorgánica que posee, (…) todo este tipo de patologías (aneurismas) su desarrollo es evolutivo debido a que puede ir creciendo (…) y en un pico de stress, que lleva consigo una hipertensión arterial, puede producir una ruptura del aneurisma con una hemorragia cataclísmica (…)”.
A partir de la intervención cursada a la Fiscalía de Derechos Humanos, se iniciaron las investigaciones correspondientes, reuniendo elementos fotográficos, requiriéndose los informes correspondientes al Servicio Penitenciario y demás elementos pertinentes a las averiguaciones preliminares a cargo de dicha Fiscalía
Según entendió la Fiscalía a cargo, surgieron los elementos de sospecha para formular imputación por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia, puesto que la afección a la salud que presentaba el entonces Obispo, constituía un factor predominante de riesgo, contrario a lo que dispone el manual de procedimientos de las personas privadas de la libertad ante estas afecciones que podrían agravar la salud del paciente, no amparado en ninguna causa de justificación o razonabilidad.
