El inmueble está ubicado en el Bajo, fue reconvertido y en su interior se capacitan a 360 personas en distintos oficios.
Aunque la propiedad cuenta con más de 13 ambientes, por ahora se habilitaron menos de la mitad de ese número, donde los capacitadores de la fundación Volviendo Casa, dirigida por Isabel Soria, atienden las necesidades de cientos de mujeres que ella califica como “sobrevivientes”.
La vivienda, decomisada en el marco de una investigación por el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual, caso llevado adelante por el fiscal general Eduardo José Villalba, fue reconvertida como sede del “Primer Espacio de Asistencia a Mujeres Víctimas de Trata”.
La reconversión del inmueble se hizo en el marco de un convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de Salta con la Secretaría de Derechos Humanos, la Jefatura de la Policía de Salta y la Fundación Volviendo a Casa, e intenta revertir una situación de olvido del Estado.
El local está ubicado en la calle Astigueta al 600, a unos 10 minutos del casco céntrico. Allí, una pareja, dueños del inmueble, y tres cómplices más habían montado un prostíbulo, en el cual las mujeres, algunas de ellas menores, debían pagar sumas superiores a 500 pesos por día para cumplir así con una cuota semanal que rondaba los 6 mil pesos. Todo esto en un contexto de violencia y sometimiento.
A fines de octubre de 2019, sin embargo, una investigación dirigida por el fiscal Villalba permitió avanzar y reunir elementos para desbaratar, el 29 de noviembre, la organización mediante diversos procedimientos, de los cuales se rescataron entre 15 y 18 mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, la Fiscalía de Distrito llevó adelante un proceso que concluyó con la condena de la pareja a penas de 3 y 4 años y 6 meses, el pago de una suma de 70 mil pesos destinado al Fondo de Asistencias a las Víctimas, tal como lo establece la ley, la fiscalía pidió y logró el decomiso de la vivienda tal como lo establece el art. 23 del Código Penal (según ley 26.842) y art. 310 del CPPF, y la Resolución PGN N° 99/09.
A partir de allí, la fiscalía, a través de distintas gestiones encabezadas por la auxiliar fiscal Roxana Gual, logró armonizar con el estado provincial una propuesta tendiente a la utilización del inmueble como un centro de asistencia a víctima de trata de personas, pues la oportunidad era ideal para transformar la vivienda en un emblema contra los tratantes en esa zona.
En ese marco, se presentó el proyecto ante la Agencia de Administración de Bienes de Estado, organismo encargado de receptar bienes decomisados por hechos delictivos y se arribó a un acuerdo a fin de que la provincia, lleven adelante la recuperación del inmueble. “El caso es un contundente ejemplo de los beneficios del sistema acusatorio, pues desde la formalización del caso a la condena, paso un mes, algo que con el sistema mixto habría sido imposible”, explicó el fiscal Villalba.
Satisfacción entre los vecinos
“Es una alianza con muchos actores de la sociedad que nos permite trabajar con mujeres que no pueden salir de una situación crítica como modo de vida”, sostuvo la ministra de Desarrollo de la provincia Verónica Figueroa al referirse al proceso que derivó en la recuperación del inmueble.
Sobre lo que viene, indicó que la meta es “trabajar específicamente con un área de mucha vulnerabilidad”. Al respecto, Isabel Soria agregó que el edificio asistirá a 360 personas que buscan capacitarse en distintos oficios y profesiones.
A través del “Proyecto Nosotras”, Soria explicó que en una primera etapa “vamos a trabajar con 36 equipos, cada uno conformado por 9 o 10 personas, que son mujeres y varones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que ahora, mediante módulos de capacitadores, van a adquirir las herramientas necesarias para iniciarse laboralmente”.
Entre muchos de ellos, hay mujeres que fueron rescatadas de la explotación sexual a la que era sometida por tratantes. “Son sobrevivientes y ahora, con este espacio que pudimos obtener, ellas van a lograr salir adelante con dignidad”.
El fiscal Villalba reforzó esa idea y afirmó que “no sólo se trató de un inmueble recuperado y devuelto a la comunidad. Esto, en realidad tiene que ver con dignidad y autoestima recuperadas. Y que la justicia haya podido participar en ese proceso, sin dudas, es un gran avance”. A su vez destacó la proactividad y sensibilidad demostrada por la ministra Figueroa, quien posibilitó se concrete el anhelo de la fundación.
“No se trata de un refugio, sino de una bendición, un emblema de empoderamiento de las víctimas. Estamos muy agradecidas al fiscal Villalba y todo su equipo, lo que hicieron se convirtió en un verdadero milagro, tanto para las personas que serán beneficiadas como para el mismo barrio, pues ya muchos vecinos se acercaron y quieren participar en este proyecto”, finalizó Soria.
