El exhorto se requirió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a la República Federativa de Brasil para que extradite a nuestro país al ciudadano boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz.
El hombre detenido en Brasil está imputado en Argentina como el responsable de transportar, por vía aérea, estupefacientes desde Bolivia, y se lo vincula a una operación donde se incautaron 389 kilogramos de cocaína en la provincia de Buenos Aires el 24 de septiembre de 2020. El pedido de extradición se sustancia de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil y lo establecido por el artículo 63 y subsiguientes de la ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de distintos expedientes, permitió corroborar la existencia de una organización criminal de alcance transnacional que se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Paraguay hacia nuestro país. La organización operaba en la provincia de Salta, y también registró actividad, entre los años 2020 y 2021, en la provincia de Santa Fe, puntualmente en el ámbito del gran Rosario.
Jorge Adalid Granier Ruiz fue detenido el 28 de marzo pasado, cuando la Policía Rodoviaria Federal del vecino país, con intervención del 3° Juzgado Federal de Campo Grande, en la ciudad de Jaraguari, en el estado de Río Grande do Sul. Su detención se produjo en razón de un pedido de captura internacional, que motivó una “notificación roja” latente por parte de Interpol. Al respecto, el juez Bavio, a instancia de la PROCUNAR NOA, requirió el arresto de Granier Ruiz, como también la remisión de pruebas pertinentes a fin de incorporarlas a la investigación penal que se lleva adelante en Salta.
En tal sentido, se solicitaron también los reportes técnicos de los peritajes que se realizaron sobre los teléfonos secuestrados en poder del acusado. Estas actuaciones se efectúan en el marco de la investigación por el transporte de 389 kilos de cocaína en septiembre de 2020. En esa oportunidad, como resultado del accionar de la PROCUNAR NOA, fue detenido en la localidad de El Paraíso, partido de Ramallo, un convoy de camionetas que se desplazaba por la ruta 9 con rumbo a Buenos Aires, procedente de la provincia de Salta.
Cayó en un control de rutina en Jaraguarí portando documentos falsos Jorge Adalid Granier Ruiz, un empresario boliviano con pedido de captura internacional y notificación roja de Interpol, fue capturado en Brasil. El presunto responsable de “bombardeos” de cocaína en campos de Santa Fe era requerido por la Justicia federal de Salta desde el 18 de febrero de 2022, cuando se ordenó su detención en el marco de una causa narco vinculada a una organización desbaratada tras el triple crimen de Ibarlucea.
Granier, señalado como el organizador del tráfico aéreo de cocaína, cayó en un control de rutina de la Policía Rodoviaria Federal de Brasil. Al revisar sus documentos, notaron que eran falsos y lo detuvieron.
De acuerdo a la prensa brasileña, fue capturado en Jaraguari, a 47 kilómetros de Campo Grande, con el documento que habría comprado en Pará por 5 mil reales, según él mismo habría confesado a los efectivos. Confesó que pagó R$ 5 mil en un RG falso en Pará. También habría adquirido un documento falso en Bolivia por US$200 y un pasaporte boliviano por US$500.
Viajaba en una Toyota Hilux y estaba acompañado por un chofer y una mujer que sería su amante.
El empresario -al que los detectives apodaron “el narco fantasma”- fue señalado por los fiscales federales Eduardo Villalba (Salta), Adriana Saccone (Santa Fe) y el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, como el líder de una estructura dedicada al transporte en avionetas de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia la Argentina.
Un operativo sorpresa impidió avisar a quien traía la carga
En aquel procedimiento los efectivos de la Gendarmería Nacional detuvieron para un control de rutina a los ocupantes de una camioneta Ford Ranger, conducida por Rodrigo López, quien llevaba como acompañante a Rocío Estela. El hombre y la mujer cumplían el rol de “coche puntero”, consistente en dar aviso al vehículo que venía por detrás sobre la existencia de controles.
Ante el factor sorpresa por esta detención, los ocupantes no llegaron a dar la alerta a la conductora de otra camioneta Ford Ranger, que era conducida por Adelaida Castillo, quien llegó al control y, tras su detención y requisa, le fue descubierta una caja con 367 ladrillos de cocaína, cuyo peso ascendía a 389 kilos.
Las tres personas implicadas fueron detenidas y llevadas a juicio. El debate se llevó a cabo ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta y tuvo sentencia el 7 de abril del año pasado. Castillo recibió la pena de 13 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, en calidad de organizadora. Estela y López, por su parte, fueron condenados a 8 años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de partícipes primarios. La vinculación con Granier Ruiz surgió de una serie de intervenciones telefónicas mantenidas con Castillo, a través de líneas de Bolivia y Paraguay.
Según lo ventilado en el juicio, el empresario ahora detenido en Brasil se presentó como un transportista aéreo puesto al servicio de distintas organizaciones narcocriminales, tanto en Salta como en Rosario, provincia de Santa Fe, donde también es investigado por delitos vinculados al narcotráfico.
Todo surgió a partir de un triple crimen
Su nombre tuvo relevancia tras el triple crimen de Ibarlucea, en el que fueron asesinados Iván Maximiliano Giménez, Érica Vanesa y su pequeña hija de un año Elena, a la salida de una boda narco. Esa investigación derivó en una causa que puso en evidencia las conexiones de narcos locales con peligrosas organizaciones criminales de países limítrofes.
Un informe de la DEA advirtió a la Procunar que Granier, apodado “Nono” y “Chuleta”, tendría vínculos con el Primer Comando Capital (PCC), la peligrosa organización brasileña.
El presunto narco, dedicado en teoría a la actividad agrícola ganadera, nació el 11 de diciembre de 1979 en San Borja, una ciudad ubicada al norte de Bolivia, en el Departamento de Beni. De acuerdo a la investigación, cobraba una comisión de unos 300.000 dólares por el servicio de “taxi aéreo”. El máximo de capacidad de carga de la avioneta era de entre 380 y 400 kilos. Según los agentes que lo investigaron, Granier proveía de cocaína a Ignacio Quintana y Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo, quienes serían los proveedores de Giménez, asesinado junto a su pareja y a su hija, el 29 de enero de 2022.
Juicio a Quintana y Pelozo En este mismo caso, Villalba, Iglesias y el fiscal del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Amad, requirieron en noviembre pasado la elevación a juicio parcial de Ignacio Quintana y Fabián Pelozo, acusados de ser quienes -bajo las directivas de Granier Ruiz- se encargaron de la entrega y transporte de los 389 kilogramos de clorhidrato de cocaína secuestrados en poder de Castillo.
Los acusados deberán responder en calidad de coautores de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la cantidad de intervinientes, dado que la fiscalía considera acreditado que efectuaron aportes concretos para la ejecución del plan criminal común. De acuerdo con la pieza acusatoria, Pelozo actuó como nexo local de la organización liderada por Granier Ruiz, con quien mantenía contacto directo y, acorde a sus instrucciones, organizaba la entrega de la sustancia estupefaciente. En función de ello, cuanto menos aportó el predio rural en el que se acopió la cocaína que recibió Adelaida Castillo y le dio instrucciones a Quintana sobre cómo proceder para concretar esa entrega. Respecto a este último, la fiscalía sostuvo que cumplió con las directivas de Pelozo y, en ese rol, se encontró el 24 de septiembre del 2020 con Castillo y la guió hasta el punto de entrega de la droga.
