Sapag admitió su responsabilidad en el delito de concusión del que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.
El hecho juzgado tuvo lugar en 2.019, cuando una mujer acudió a las oficinas de la Dirección General de Rentas (DGR) a fin de realizar el trámite de sellado de un contrato de cesión de derechos, abonando al acusado la suma de $8.400 en calidad de impuesto de sellos.
Al llegar a su domicilio, la damnificada advirtió que el comprobante entregado por el empleado de la DGR carecía del sello del banco. Al día siguiente, al regresar para solucionar el inconveniente, fue atendida por Sosa Sapag, quien le solicitó que volviera al día siguiente y luego, al siguiente. Finalmente, le entregó el recibo sellado por el banco.
Al detectar irregularidades en el sellado, la afectada registró la situación en un acta, la cual fue tomada por funcionarios del organismo, que posteriormente presentaron la denuncia.
Los investigadores de UDEC determinaron que el sello de pago fue colocado por una cajera del banco, y que el monto del sellado fue ingresado y luego anulado por el empleado de la DGR.
El banco, por su parte, informó que no existía registro de que el pago hubiera ingresado; que el sello inserto al dorso del documento se correspondía con los sellos utilizados por el banco y que, de las investigaciones internas realizadas, se infería que el sello fue impuesto por error o negligencia por la cajera a pedido del Sosa Sapag.
Con todas las pruebas reunidas, la fiscal Salinas Odorisio requirió juicio al hombre, quien finalmente admitió ser autor del delito de concusión y fue condenado.
