El congelamiento, no obstante, será efectivo en la medida que las familias declaren no poseer capacidad económica que les permita hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice de costos de salud. Según la letra que se está negociando, las empresas aceptarán que un grupo familiar “no posee capacidad económica” y mantendrá su cuota congelada si sus miembros no poseen dos o más inmuebles ni tres o más vehículos, excepto los hogares donde haya al menos una persona conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Serán excluidos del congelamiento las personas que tengan aeronaves o embarcaciones o sean titulares de acciones “que exterioricen capacidad económica plena”.
De este modo, el sector finalmente se avino a lo anunciado el domingo pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que había incluido el congelamiento de cuotas entre las doce medidas con las que –dijo– el Gobierno busca “compensar” los efectos de la devaluación dispuesta del 14 de agosto, un día después de las PASO. De hecho, el ministro celebró el acuerdo en un posteo en la red X (ex Twitter).
Las empresas de medicina prepaga dijeron además que la cuota del mes de setiembre ya fue facturada en la última quincena de agosto, con lo cual el acuerdo tiene vigencia a partir de septiembre.
El acuerdo entre el gobierno y las prepagas tiene como contrapartida de parte del Estado una serie de beneficios fiscales, que aún no se conocen.
El congelamiento anunciado por Massa el domingo pasado tomó por sorpresa y generó preocupación en el sector salud. Los financiadores ya tenían aumentos autorizados y enfrentaban dificultades por falta de acceso a insumos, en especial importados, y su primera reacción fue considerar la implementación de copagos o recurrir a medidas judiciales.
