En enero vence el último decreto de prórroga que congeló el tributo al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) en $27,6 desde octubre de 2022. A falta de la confirmación oficial a través de un decreto, el Gobierno confirmaría la suba del componente impositivo que podría rondar entre el 4% y 6%.
La decisión de no extender la congelación impositiva implicará un nuevo aumento en los precios al consumidor, en un contexto de subas que alcanzan el 80% en distintos ámbitos desde el inicio del Gobierno del presidente Javier Milei.
Según un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el valor real del monto fijo del tributo descendió un 85% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023. Con este escenario, la recaudación mensual por el impuesto en cuestión descendió un 77% real en cinco años.
“Bajo el supuesto de un consumo de nafta súper igual al de 2018, si el gobierno retomara el valor real del tributo al de ese año podría implicar recursos extras para Nación por 0,37% del PBI”, estimó el informe del IARAF.
El aumento en los precios de los surtidores podría tener un efecto negativo en la inflación: el aumento podría impactar en una suba de 1 o 2 puntos para febrero, después de una inflación del 25,5% en diciembre. El número final, en este contexto, estará atado a los precios establecidos por las petroleras.
Según Julián Rojo, especialista en macroeconomía y energía, una suba discutida en surtidor en torno al 25% aportaría alrededor de un 1 punto al número de inflación mensual, al menos dentro del Gran Buenos Aires, 1,5 puntos porcentuales en otros puntos del país, como la zona Cuyo o la Patagonia.
Prepagas: anulan aumentos
Un juez federal suspendió los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepagas autorizados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del gobierno de Javier Milei, ante el reclamo de un afiliado.
Se trata del juez Elpidio Portocarrero de Tezanos Pinto, en calidad de subrogante durante la feria en el juzgado federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Martín, quien en la víspera dictó otra cautelar suspendiendo la autorización por DNU para que los clubes pudieran convertirse en sociedades anónimas deportivas. El fallo resolvió "hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Estado Nacional la suspensión de la aplicación de los artículos 267 y 269 del DNU", y le ordena a la prestadora SIMECO "readecuar las cuotas correspondientes al plan asistencial" de un afiliado.
