Esta ley rige en la provincia para el control efectivo y metódico del servicio que brindan empresas y agencias de vigilancia, investigaciones, de sistemas de alarmas, de estudio y planificación de seguridad, de seguridad informática, de transporte de caudales, de custodia personal entre otras, cuya fiscalización del cumplimiento de la normativa es competencia de la Policía de Salta.
El objetivo es potenciar el cumplimiento de la legislación por medio de la actualización de aranceles y montos de las multas que actualmente se fijan con valores que datan del año 2007.
El ministro, Marcelo Ramón Domínguez, señaló que ante incumplimientos de la normativa se labran las sanciones correspondientes con valores que fueron fijados hace 16 años, por lo que se registran reincidencias de los infractores. “Como autoridad de control trabajamos para potenciar el cumplimiento de la normativa reglamentaria del servicio de seguridad privada que debe ser profesional en todos los contextos en los que se desarrolla”, aseveró Domínguez.
La propuesta de la cartera también tiene como finalidad simplificar el circuito administrativo para evitar demoras burocráticas que entorpecen la resolución de los casos y ocasionan gastos al Estado.
“Cuando la División Control de Empresas de Seguridad Privada de la Policía detecta un incumplimiento labra la infracción y el trámite para efectivizar la sanción puede demorar meses hasta la resolución”, argumentó el Ministro.
De esta manera, el proyecto procura fijar los montos de los aranceles y multas, tomando como unidad de parámetro el Haber Mensual Nominal, sujeto a aportes previsionales, que percibe un agente en actividad, escalafón general de la Policía de Salta.
