El pedido trata sobre la situación actual en relación a la efectora actual (CEPRIDIASA) que según indicaron adeudan una cifra millonaria, padrón de pacientes que requieren esta práctica médica, entre los requerimientos principales. Se trata del segundo requisitorio al gobierno de la provincia (el primero no fue respondido), atento la situación de incertidumbre por la que atraviesan los pacientes y sus familias, quedando en muchos casos, a expensas de una situación de tensión entre las partes.
Según expresó la diputada, Cristina Fiore (Ahora Patria) a raíz de declaraciones que hizo el ministro de salud Juan José Esteban, con respecto a las ventajas que tendría una prestación pública de diálisis, "hicimos un pedido de informe para consultar acerca del estado de situación del convenio que existe entre la nación y provincia para la cobertura de los tratamientos de diálisis".
Allí, además, consultan al ejecutivo por la "cantidad de personas empadronadas en la provincia, distinguiendo los diferentes departamentos" y quieren conocer los valores actuales de la cápita. Centralmente quieren conocer en ese pedido "cuál es la vigencia actual de convenio entre la Provincia y CEPRIDIASA - Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta" por la prestación del servicio de diálisis en toda la provincia y "el grado de cumplimiento del acta acuerdo. "De esta manera, la diputada del bloque Ahora Salta requiere al gobierno detalle "qué quiere hacer: eso es lo que más me preocupa, porque podemos hablar de cuestiones técnicas, podemos hablar de convenios, de pagos o de retrasos, pero lo que a nosotros como legisladores del Bloque Ahora Salta verdaderamente nos preocupa es cuál es la situación de las personas que se están haciendo diálisis".
El cuidado de las personas
Según expresó la legisladora, las personas en diálisis "no pueden estar en una situación de incertidumbre si el gobierno paga, si no paga, que si ahora hay aparatos de diálisis que se están llevando al interior y aparentemente pareciera que no están habilitados…". "Básicamente lo que nos preocupan son las personas, acá estamos hablando que hay un tema de salud, un tema de salud sumamente serio que no merece de parte del gobierno ni idas, ni vueltas ni retrasos en los pagos" indicó.
Además, Cristina Fiore sostuvo que "hace 30 años que el Estado salteño a través de distintos gobiernos les ha pagado a las prestadoras privadas, entonces existe una decisión de la provincia de que esta prestación la van a dar los privados". Consideró que esa decisión de los sucesivos gobiernos ha considerado que los centros tienen el equipamiento, tienen el personal. De allí que las decisiones consideraron los aportes que vienen de nación y aportes que realiza la provincia.
Falta de decisiones
"Si ahora la provincia cambiara de criterio me parece que por lo menos debiera determinar una suerte de interregno, es decir, primero plantear bien la decisión, no como una suerte de amenaza que es lo que me pareció a mí, sino decir, hemos tomado esta decisión", continuó Fiore que remarcó que al gobierno le faltan certezas y más en el área de salud, "falta decir a dónde están parados, hacia dónde quieren ir y cuáles son los pasos que van a dar en consecuencia para que a partir de allí los ciudadanos sepamos cuáles son las reglas de juego".
Los otros puntos que se requieren en el pedido de informe, refieren al estado de cumplimiento del Acta acuerdo entre el Ministerio de Salud y CEPRIDIASA; detalles de la política de salud que sigue el gobierno respecto de la cobertura de los servicios de diálisis, alcance, jurisdicción, fecha e implementación y plan de cobertura provincial.
