Astigueta afirmó en Hora de Voces (FM Ya 91.3) que, bajo todo concepto, el DNU de Milei “no es constitucional por el procedimiento de dictado”.
“Hay mil detalles antes de la emisión del decreto que le están faltando y que van a impedir justificarlo cuando haya que dar explicaciones en el Congreso y en la justicia sobre las razones de necesidad y urgencia en cada uno de los temas que lleva al presidente de la nación a tomar una decisión de esta naturaleza, derogar normas”, indicó.
Astigueta remarcó que tras 40 años de democracia “no hemos avanzando en nada”, haciendo hincapié en que la Constitución Nacional, en su artículo 99, prohíbe que un presidente asume funciones legislativas; salvo que por circunstancias extraordinarias sea imposible que el Congreso tome una decisión legislativa.
Sin embargo, explicó que para emitir un DNU se debe tener un acuerdo general de los ministros e informes de los puntos a reformar. “A lo sumo modificar una norma, dos, tres; no hacer esta especie de locura, de salvajada constitucional, que es modificar 300 normas, o más de 300 normas, derogar 300 normas, hemos visto que (Federico) Sturzenegger mostraba ahí los montículos de leyes en papel, impactando la vida de todos los argentinos, de todo el estado argentino, de toda la sociedad, entonces claramente esto tiene problemas de constitucionalidad, más que problemas, tiene vicios de inconstitucionalidad y le va a ser muy difícil al presidente justificar por qué ha tomado la decisión que ha tomado”, expresó.
En ese sentido, el abogado afirmó que el decreto es “fácilmente volteable y retrotraíble” por las irregularidades expresadas si la Corte Suprema de Justicia de la Nación decide observarlo.
“Es muy grande el impacto, si uno suma todos los temas en los que este decreto se mete es prácticamente toda la vida argentina, y nosotros hemos visto la reacción ayer de trabajadores, de clase media, de empresarios, de pymes, de comerciantes, saliendo inmediatamente con cacerolazos, generando la especie de conmoción social. Estos datos son muy importantes para la parte jurídica judicial, porque estamos viendo la conmoción institucional, la conmoción social y la realidad institucional”, destacó.
Astiegueta sostuvo que la Corte Suprema debe ser garante de los derechos de los argentinos y que, ante este mega decreto, se ha generado una situación donde los jueces “podrán invalidar de raíz y volver todo a foja cero”.
En cuanto al rol del Congreso Nacional, indicó que la Constitución Nacional establece que, si uno logra un gran acuerdo político en una legislación de importancia, como por ejemplo ley de contrato de trabajo, tiene una vocación de permanencia.
“Acá ha pasado que viene una persona que es electa con el 55% de los votos y cree que es una especie de emperador de la República, y directamente dice, yo voy a derogar 300 acuerdos políticos a lo largo de la historia de los argentinos, con un solo plumazo voy a modificar 300 leyes mediante este decreto ómnibus, entonces produce un impacto muy profundo en la democracia institucional de los argentinos, que son acuerdos pasados, ya ni siquiera los futuros”, manifestó.
A su vez, el abogado afirmó que hay un peligro en que el decreto quede consolidado porque permitiría un sistema que los presidentes electos puedan modificar de cuajo los acuerdos políticos de los legisladores, usurpando facultades legislativas, lo que implicaría ir de un lado a otro “según la locura de cada gobernante en su momento”.
“Esto no puede pasar en Argentina. En Argentina es muy claro, existen facultades del Congreso, facultades del Presidente, facultades del Poder Judicial, y esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, con la locura momentánea de quien hace ocho, nueve o diez días está en el Poder Ejecutivo”, finalizó Astigueta.
