Hasta anoche, según la información que se dio en la Comisaría de El Quebrachal, Rafael Galván, referente del MOCASE en esta comunidad, se encontraba en calidad de "demorado a espera de consulta judicial". Luego, los policías decidieron no otorgar más información respecto de los hechos derivando la posibilidad de preguntar a sus superiores.
Los hechos ocurrieron mientras en el Senado de la Nación se discutía la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial que, entre otras cosas, dispone la suspensión de los desalojos de las comunidades campesinas.
Según se informó desde el MOCASE en un comunicado oficial, ayer hubo "30 policías y paramilitares" que "desalojaron violentamente a la familia Palma de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Indígena Lule Vilela, relevada según la ley 26160".
Detallaron que durante el operativo "esposaron y golpearon a Teresa Palma, entre otras mujeres. Arremetieron con balas de goma hiriendo en la cara a Miguel Palma, mientras se llevaron detenido a Rafael Galván y por el momento desconocemos su paradero.
Los policías que se lo llevaron son de la Comisaría del Quebrachal", sostenía la información que anoche fue corroborada por Nuevo Diario al teléfono de la Comisaría.
Se indicó que durante el operativo el empresario Marcos Loprestti, el juez de Paz Oscar Alfredo García y la policía "destruyeron la vivienda de los Palma, robando todas sus pertenencias". Sindicaron a Loprestti como un "empresario terrateniente... que años atrás se apropió de 17 mil hectáreas, encerrando a la familia Palma entre alambres. Hoy pretenden desalojar definitivamente a la familia Palma".
Una zona conflictiva
La triple frontera entre las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero ya cuenta con una historia conflictiva y trágica con muertes que se generaron en el marco de la disputa por las tierras.
En principio, el problema tiene su raíz en la movilidad de los límites que habían sido ya establecidos pero que fueron cambiados por la última dictadura. Esto generó que en los papeles las tierras sean vendidas con gente adentro.
La situación ya fue vivida en carne propia por Rafael Galván cuando su hermano, Miguel, fue asesinado el 10 de octubre de 2012 en el paraje El Simbol, ubicado en este triángulo de la disputa.
Según se sostenía el agresor y homicida de Galván, Paulino Risso Patrón, habría actuado por encargo de un empresario agrícola de la zona que quería a los Galván fuera de las tierras. Pero la Justicia de Salta no investigó esta posibilidad.
En este caso la empresa denunciada era Agropecuaria La Paz. Las denuncias ante la Policía de Santiago del Estero fueron por desmontes y usurpación. Tres meses antes del homicidio de Galván, Sixto Ruiz, del mismo paraje, había sido baleado en la zona. Pero ni el Ejecutivo ni la Justicia salteña intervinieron. Cerca de la zona es donde también murió Cristian Ferreyra, a causa de las disputas.
La Justicia salteña cómplice
Según lo indicado por algunos referentes del MOCASE que están al tanto de los hechos, se sospecha firmemente de que la Justicia salteña y el Ministerio Público Fiscal fueron cómplices de un accionar que, si se sigue lo establecido por Ley, sería ilegal.
En lo poco que se pudo conocer, se indicó que los policías habrían actuado por orden de una fiscal de El Quebrachal en el momento de perpetrar el violento desalojo. Sin embargo, en comunicaciones que luego se mantuvieron con la letrada, esta sostuvo que solamente había enviado una notificación y que no tenía que ver con un desalojo.
Se sospecha que la notificación y el desalojo se generaron en el marco de una causa civil que se sigue para poder desalojar a familias campesinas e indígenas. Ello pese a que está en vigencia la Ley 26.160 que protege de este desalojo a indígenas. Pero además porque en la provincia esa protección se enmarca en la Ley 7658 cuando se trata de criollos.
