Marcos Levín llegó a juicio acusado por su presunta responsabilidad como instigador de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas” en perjuicio de 17 trabajadores de la empresa que fundó.
El empresario fue condenado a 12 años de prisión en 2.016 -el fallo aún no está firme- por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también trabajador de la firma.
Grueso está acusado como partícipe necesario de los delitos de “privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por el uso de violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.
Las víctimas eran perseguidos políticos
Víctor Almirón, por su parte, está acusado como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.
Las acusaciones se desprenden de la requisitoria de elevación a juicio impulsada por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, quien interviene en el debate junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
Abierto el debate, el tribunal dispuso la lectura del requerimiento de juicio. En aquella pieza procesal, el fiscal analizó el rol de cada uno de los acusados en una sucesión de hechos cometidos cuando imperaba un violento esquema represivo en la provincia.
Según el requerimiento, los hechos fueron cometidos en el marco de los “procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1.977, en las provincias de Salta y Tucumán”, cuando efectivos de la ex Comisaría Cuarta de la policía provincial, a cargo de Almirón, detuvieron sin orden judicial a unos 25 trabajadores de la empresa de Levín.
Las detenciones se concretaron en la empresa, en los domicilios particulares, o bien se efectivizaron en la comisaría, adonde habían sido previamente citados.
