El martes pasado su situación se tornó más complicada, pues fue imputado por fraude junto a un intendente, un diputado provincial y 24 concejales.
La acusación fue realizada por el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, en una audiencia de formalización de la investigación penal. Los 27 funcionarios, la mayoría concejales, fueron imputados por los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. Es la causa por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La acusación se realizó ante la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta, quien luego de escuchar la presentación realizada por la fiscalía y los planteos efectuados por la defensa de algunos de los funcionarios, dio por formalizada la investigación penal en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
Tal como lo pidió la fiscalía, la magistrada autorizó tareas investigativas por un lapso de 50 días hábiles, tiempo requerido para la realización de informes ambientales, la recepción de informes respecto a movimientos bancarios y determinación de la IP geográfica de las terminales utilizadas por los acusados para la gestión del beneficio.
La imputación penal se extendió al diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta, el intendente de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas y el ex gerente de la ANSeS - UDAI Sur, Fabio Marcelo Jesús Vera, quien al momento del hecho era asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. También hacia los concejales Guillermo Alemán, de Aguaray; Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Héctor Barraza y Analía Leal, de Orán; Iván Basterra, de Pichanal; Paula Brete, de General Pizarro; Silvia Concha, de Hipólito Yrigoyen; Juan Dávila y Noemí Egüe, de Embarcación; Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Pérez Stella Maris, de General Güemes; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Norberto López, de Seclantás; Maribel López, de Santa Victoria Este; Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez, de Cachi; Francisco Pereyra, de Rivadavia Banda Norte; Walter Raposo, de Chicoana; Marcos Rosas, de Rosario de Lerma; Carlos Sánchez, de El Potrero y Daniel Tilca, de Vaqueros.
Otros procesos
Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos, también lleva adelante otros tres procesos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios, tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI y nueve empleados de la Municipalidad de General Pizarro, en el sur de la provincia.
Las excusas dadas por los funcionarios al declarar
Al prestar declaración durante la audiencia, los funcionarios acusados buscaron desvincularse de los hechos brindando disímiles explicaciones respecto a las gestiones imputadas por la fiscalía. Algunos de ellos, por ejemplo, directamente negaron haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE y pidieron que se investigue al respecto a fin de determinar a los presuntos responsables, ya que se sentían perjudicados.
Otros, en tanto, sostuvieron que tampoco ingresaron sus datos, aunque sí dijeron que conocían a las personas que lo hicieron, oportunidad en que culparon a hijos, militantes y hasta una nuera, entre otros allegados y familiares.
Otra de las coartadas brindadas se resumió en que el ingreso de datos y gestiones se hizo a fin de conocer cómo eran los pasos para así ayudar a pobladores que acudían a ellos con distintas preguntas sobre las gestiones a realizar. También reconocieron haber ingresado los datos con el fin de elaborar instructivos o tutoriales, mientras que otros acusados señalaron que muchos empleados nacionales y provinciales incurrieron en las mismas maniobras y pidieron que también sean investigados.
La fiscalía señaló que más allá que la maniobra no se llegó a consumar, la sola acción de gestionar el cobro del beneficio dejó manifiesta la intención de dolo por parte de los funcionarios, la cual se encuadra en el delito y grado imputado. Asimismo, resaltó la investidura de funcionarios públicos, sobre quienes rigen las normas de ética vigente para la función pública, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional, razón por la cual imputó también el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
