Los funcionarios de la Unidad Fiscal que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, realizaron ayer la presentación ante el Tribunal de Impugnación, y ante el Juzgado de Garantías Distrito Centro donde se tramita la causa.
Esto refuerza el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la Unidad Fiscal en contra de las Resoluciones adoptadas por el Juez de Garantías 4 del distrito Centro, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.
En diciembre el Procurador General de la Provincia y los fiscales Salinas Odorisio y Torres Rubelt, al presentar el recurso de apelación hicieron hincapié en el riesgo procesal que representa la prisión domiciliaria de los investigados y se resaltan que “los costosos esfuerzos dispuestos por el Ministerio Publico Fiscal, en el contexto de una clara e irrenunciable política criminal direccionada al firme embate en contra de cualquier tipo de criminalidad organizada, requiere de un acompañamiento en los objetivos.
Agregando que no significa abdicar en algún derecho y garantía individuales, “pero sí una prudente ponderación de la vista del conjunto y del todo en las delicadas consecuencias de cada decisión en el proceso”. En este sentido la Unidad Fiscal aseguró que “sobraron y sobran fundamentos para el pedido y dictado de prisión preventiva”, cuya finalidad es el análisis de mérito de riesgo procesal y no de elementos convictivos de participación y calificación” y que “que ante la gravedad y cantidad de hechos que están en curso de investigación se puede prever que la condena va a ser inexorablemente de cumplimiento efectivo”.
Finalmente destacan en la apelación que “por el tenor y la multiplicidad de los sucesos que se les endilgan a los causantes, debe ser valorado como peligro de fuga” y destacó “que el encarcelamiento de los imputados es el único medio idóneo a fin de garantizar los fines del proceso penal.
Amenazas en la causa de los 13 penitenciarios
La presentación efectuada ayer por parte de la Unidad Fiscal que investiga la causa de los 13 penitenciarios, por supuestos beneficios a algunos detenidos, busca garantizar la seguridad de las personas a las que les habrían efectuado amenazas. Esto derivado de la prisión domiciliaria de la que los imputados, están gozando. En desmedro de la prisión preventiva que se les había solicitado oportunamente ante la posibilidad de fuga.
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El recurso de apelación que se presentó oportunamente, lleva la firma de los funcionarios de la Unidad Fiscal integrada por el procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella; y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt; en la que requirió al Juzgado de Garantías se revoquen las resoluciones dictadas en audiencias multipropósitos del 18 y 19 de diciembre y se disponga la prisión preventiva de los 13 imputados.
