La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, realizó ayer el operativo el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos (UDEC) y del CIF, por la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la AMT.
Como resultado de los allanamientos fueron secuestrados celulares y numerosa documentación de interés para la causa, además de detener a los cuatro empleados.
La investigación se realizó luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, denunciara que días atrás, había tomado conocimiento del faltante de un automóvil secuestrado de la sucursal de avenida Tavella de la AMT.
Al revisar las cámaras de seguridad observó el arribo de un hombre que le entregó un papel al guardia, sacó el auto y se retiró del lugar.
Ante ello, Ferraris solicitó examinar la orden de liberación del vehículo, pero no fue encontrada. Al revisar el libro de liberaciones, detectó una gran cantidad de salida de vehículos con órdenes de liberación con firmas que no correspondían a la del gerente.
Al cotejar con el sistema informático, confirmó que no existían registros de los expedientes vinculados a dichas liberaciones. Ante ello, solicitó un relevamiento sobre los expedientes, resultando que hasta el 22 de mayo habían sido borrados entre 148 y 160.
A través de la investigación iniciada por Ferraris, y que luego continuaron los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF, se estableció que cuatro empleados de la AMT estarían liberando vehículos secuestrados a cambio de dinero.
Según se investiga, ante el secuestro de un vehículo utilizado como remis ilegal, un inspector de la AMT participaría entregando un número telefónico para comunicarse, mediante el cual se le ofrecía la entrega del automóvil -sin el pago de la respectiva multa- a cambio de una suma de dinero.
Al recibir lo pactado, mediante el uso de usuarios genéricos, ingresaban al sistema y borraban las actas de infracción a fin de liberar los vehículos. Dicho modus operandi se completaba con la confección de órdenes de liberación apócrifas, falsificando la firma del Gerente de Registros y Habilitaciones.
Teniendo en cuenta todo ello, la fiscal de UDEC solicitó el allanamiento de las viviendas de los cuatro empleados y su detención a fin de poder esclarecer el hecho.
