Se trata de una reparación económica que otorga el Estado argentino a los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar y/o de género. Para facilitar el trámite, el Ministerio Público de la Defensa servirá de nexo para notificaciones y requerimientos, pues la familia vive en un paraje de Cafayate de difícil acceso. Encontrándose el trámite en el ANSES.
La madre de los niños fue asesinada de un escopetazo por su pareja en una estancia ubicada el interior del Departamento San Carlos, casi en el límite con la provincia de Catamarca.
El femicida se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por femicidio y por uso de arma de fuego y privado de la libertad.
“Si bien la condena penal se encuentra prevista como uno de los supuestos que habilita la procedencia del reclamo bajo análisis, la misma normativa también prevé el ‘procesamiento’ como un supuesto más, siendo que actualmente y en nuestro ordenamiento local, el decreto de imputación debidamente formalizado conforme la vigente Ley 7.690 y modificatorias, constituye por lógica el acto procesal equivalente a dicho ‘procesamiento’, según el antiguo sistema procesal mixto”, explicó de la Rosa en su presentación.
La reparación económica equivale a una jubilación mínima, se paga mensualmente, es inembargable y se mantiene hasta que la víctima colateral de la violencia familiar y/o de género alcanza la mayoría de edad.
Desde el Ministerio Público de la Defensa se espera que el trámite avance sin mayores inconvenientes, de modo tal que los 4 niños huérfanos puedan contar próximamente con el beneficio.
