Denuncian que existe una dilación en la firma del nuevo convenio para el control del transporte impropio que caducó en diciembre pasado.
Atilio Corregidor, referente de la Asociación de Taxis Unidos de Salta (ATUS) que representa a 86 trabajadores, dijo "queremos saber dónde estamos, si en la muni o en la provincia. Ningún funcionario de la AMT trabajó en serio con el tema de los ilegales, que nos quita el 50% de la recaudación. La AMT no debería hacernos multas porque son ilegales".
Otro tema que les preocupa es la baja recaudación que tienen los tacheros -la que no llega a $500 aseguró- y el costo del combustible, lo que empobrece aún más los ingresos. "Hay compañeros que tienen más de 60 años y tienen que seguir trabajando. A otros les están llegando las boletas de $20 mil de los planes de autos que no los van a poder pagar", sostuvo.
Por otro lado, Corregidor arremetió contra el sindicalista Alfredo Carrizo, por la falta de definición de la entrega de licencias. "Nos parce raro que se siente con un funcionario del Gobierno si no sabe quién nos debe controlar, si la Provincia o la Municipalidad. Está mintiendo a los compañeros", afirmó.
Por último, lamentó la pérdida de los puestos de trabajo de los choferes de taxis, que ante la llegada del aislamiento social, fueron desplazados del volante por los propietarios de los coches.
La versión oficial
En tanto, Gustavo Serralta miembro del directorio de la AMT respecto al convenio caído por el control de taxis y remises, aseguró que están a la espera de la rúbrica con la Municipalidad. Entienden que en las próximas semanas el control legal volverá al organismo de control.
