A través del representante legal de la Cámara Salteña de Propietarios de Agencias de Cadetería, Mensajes y afines, Dr. Rafael Molina, los integrantes de esa Cámara se manifestaron impugnando el proyecto de ley que se encuentra contenido en el Expte Nº 91-41858, y que fuera tratado y aprobado en la Cámara de Diputados el 2 de junio de 2020.
La Cámara Salteña de Propietarios de Agencias de Cadetería, Mensajería y Afines funciona en Salta desde 2011, está conformada por 12 propietarios de mensajerías o cadeterías, integradas por más de 250 “cadetes”. En la actualidad esta cámara se encuentra renovando autoridades.
Según Rafael Molina este tema comenzó a principios de mayo cuando “alguien” sugirió a los legisladores salteños la creación de un registro, y que dicho proyecto se basó sólo en la información dada por el sindicato ASIMM que no se encuentra autorizado por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales para actuar en Salta
Consultado por Nuevo Diario, Rafael Molina, resaltó que, con respecto a lo obrado por los diputados salteños, impugnan en todo su articulado el proyecto de ley porque vulnera el derecho a la debida participación de ley, y que fuera solicitada su participación a las Comisiones de "Derecho Laboral y Previsión Social" y de "Legislación General” el 12 de mayo, ya que, a pesar de tenerse conocimiento de los derechos de los propietarios de cadeterías, se hizo caso omiso al pedido de audiencia. Asimismo señaló que –ese día- pidieron la intervención del defensor del pueblo, el que respondió vía mail, sin aclarar la postura del defensor.
También comentó que, como consecuencia de no darles la debida y legítima participación de ley, se omitió considerar la realidad fáctica y jurídica del sistema de funcionamiento de la actividad de Cadetería, y sus antecedentes jurisprudenciales y administrativos existentes a nivel local; determinándose, arbitrariamente, que los prestadores de estos servicios son las agencias y no los cadetes, y que, como tales, las obliga a inscribirse en ese registro. Considera que, como consecuencia de ese error de arrastre, el presente proyecto desvirtúa su objetivo inicial, entrando a regular, arbitrariamente, cuestiones ajenas vinculadas a la supuesta existencia de una relación laboral de dependencia con el cadete y, como tal, obliga a las agencias a asegurarles elementos básicos de seguridad, bajo apercibimiento de sufrir sanciones.
Con esta omisión lesiva, se ha vulnerado el derecho de peticionar antes las autoridades (art. 14, C.N.), el derecho a la igualdad de trato (art. 16, C.N.), el derecho de propiedad (art. 17, C.N.), el derecho de defensa (art. 18, C.N.), el principio de reserva y de legalidad (art. 19, C.N.), y otros derechos y garantías implícitos (art. 33, C.N.) tutelados por nuestra Constitución Nacional y Tratados de Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Sociales y Económicos (art. 75, inc. 22, C.N.), que como ciudadanos y como parte interesada, a estos legisladores les correspondía bregar en cumplimiento de sus deberes de funcionario público y en atención a la ética pública (art. 36, C.N.) al momento de ejercer la función legislativa, para lo cual aclaró que se arroga la reserva de iniciar las acciones legales pertinentes.
Como consecuencia de tal arbitrariedad manifiesta, que tampoco se tuvo en cuenta la realidad socio-económica local, el índice de desocupación y la función socio-económica de contención y mitigación del sector desocupado con que las agencias vienen colaborando con el gobierno creándoles alternativas de generación de ingresos que redundan en su exclusivo beneficio. “por todo esto, responsabilizamos a estos legisladores por el daño actual e inminente que provocará a la actividad Cadetería toda posible promulgación de ley, pues los propietarios de agencias se verán obligados a cerrar - ya que no son prestadores de servicios de Cadetería ni son empleadores ni obtienen beneficio alguno con la labor desarrollada por el cadete - y, consecuentemente, los prestadores de estos servicios (cadetes) quedarán nuevamente a la intemperie por una irresponsabilidad estatal”, señaló.
Por último concluyó que “llamamos a la toma de conciencia de todos los diputados y confiamos en la ilustre función pública de los Senadores en que bregarán por hacer efectivo los derechos y garantías constitucionales”.
