El gobernador salteño se refirió al ingreso al país de ciudadanos bolivianos por caminos no habilitados para cobrar beneficios sociales.
"Esta pandemia nos sirve para controlar pero por sobre todas las cosas para contener y para priorizar a los argentinos… La caridad bien entendida empieza por casa. La gente ingresa masivamente por el río que ha bajado, por Salvador Mazza, por Hito Uno, por distintos lugares. Me dicen que hoy día, gracias a Dios, van a empezar a llegar los efectivos militares a Aguas Blancas a acompañar a la Policía y a la Gendarmería en forma coordinada, a ayudar a que no sigan ingresando gente que es de otro país y que lamentablemente la están pasando mal (mal como Jujuy) no tienen servicios de atención, hay gente que se está muriendo en las calles, en sus casas", dijo Sáenz el 10 de agosto al pedirle a Nación que aumente los controles en la frontera por los extranjeros que ingresan a cobrar el IFE.
Desde el INADI señalaron que, como funcionario, Sáenz debe conocer y respetar las leyes vigentes: Ley 23.592 (de Actos Discriminatorios), Ley 25.871 (de Migraciones) y el Decreto Nº 1086/05 (Plan Nacional contra la Discriminación), normativa que reconoce y garantiza los derechos de las personas migrantes.
"Este tipo de discurso -indica el organismo- contribuye a la formación de un estereotipo discriminador, transfiriendo a las colectividades migrantes la propia frustración social".
"Las declaraciones de Sáenz y sus expresiones xenófobas fueron reproducidas en varios medios de comunicación y posteadas por el mismo Sáenz en sus redes sociales, lo cual les dio mayor alcance y vuelve más preocupante la situación planteada", agrega.
Señala el INADI que los datos del relato de Sáenz son inexactos y que se utilizan para alentar el discurso de odio al afirmar que la gente con doble nacionalidad que ingresa por pasos ilegales lo hace para cobrar los beneficios sociales. Al respecto, el organismo aclaró que el requisito para acceder al beneficio del subsidio es el de ser argentino o naturalizado y, en el caso de tener una residencia legal, que la misma no sea inferior a los 2 años.
Resaltó que este punto constituye uno de los reclamos de las organizaciones de migrantes en Argentina, dado que, en ocasiones, la falta de documentación que acredite la residencia de más de dos años en el país se origina a partir de una extensión en los plazos burocráticos establecidos durante la gestión del Gobierno anterior.
"Lo que Sáenz también olvida es que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, puso en marcha -dando respuesta a las necesidades la población en tránsito- un Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura para repatriar argentinos/as, y habilitó cinco pasos fronterizos terrestres entre las 8 y las 16 horas, permitiendo el ingreso por día y por paso de hasta 500 personas. Entre estos pasos fronterizos, se encuentra el de Salvador Mazza/ Yacuiba (Estado Plurinacional de Bolivia), zona a la cual hace referencia el Gobernador", afirmó.
Por último, reflexionaron: "Desde el INADI apelamos a recordar el principio de la no discriminación, la solidaridad y hermandad entre los pueblos como una herramienta valiosa para enfrentar el devastamiento social frente a esta pandemia que ha generado ‘la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región’".
