Reclamaron políticas públicas para el acceso a los terrenos.
David Villarroel, director Regional de la organización, contó a Nuevo Diario que dos de las familias afectadas residían en casas de emergencia construidas por ellos en septiembre del año pasado, aunque trabajan en varios proyectos con los vecinos de la zona desde hace años. Otros de los damnificados son del Programa Mi Pieza.
Y la construcción se dio en esa zona debido a la situación de extrema pobreza y precariedad en la que vivían las familias en sus carpas protegidas por cartones.
Según contó Villarroel, a causa de la crisis que provocó la pandemia y a otras situaciones, algunas de las familias se asentaron a diez metros de la margen del río a fines del 2.020. Cuando en junio de 2.021 Techo se preparaba para construir cuatro casas de emergencia, las familias fueron notificadas de una medida de no innovar que les impedía el mejoramiento de sus viviendas y continuar con la construcción de las defensas para hacer frente al avance del río.
"Aparentemente la Policía detecta familias que se estaban asentando en el río. Lo extraño es que las familias estaban ahí desde mucho antes. Son familias que vivían hacinadas en otros barrios. Hay una señora que vino del interior escapando de la violencia y de amenazas de muerte de su ex pareja. Hay otro caso de vendedores ambulantes que no tienen trabajo fijo. Otra mujer cursó su embarazo en una carpa, que su hijo esté vivo es un milagro", describió Villarroel.
Ante la medida de no innovar, Techo decidió no construir las casillas y respetar la decisión de la justicia. "Fuimos a hablar con el fiscal y le adjuntamos un informe socioambiental porque tenía que entender que no se trataba de usurpadores sino de personas en situación de pobreza, que no tenían dónde vivir. Luego, en agosto, el Defensor de la Ciudad convocó a una audiencia de mediación dónde se invitó a la fiscalía, Techo, IPV, Recursos Hídricos y a Tierras y Bienes del Estado. Hubo dos audiencias, pero no respuestas para las familias por parte del Estado", agregó.
"A todo esto las familias pasaron el invierno en carpas y piso de tierra. Metían los braseros a las carpas para que no se congelen los chicos. Teníamos las viviendas mientras ellos se morían de frío. Como tuvimos audiencia con medio Gobierno y no tuvimos respuestas, tocamos la puerta del municipio donde nos dijeron que no tienen terreno para construir", indico el referente de Techo.
Luego que se levantara la consigna policial por la medida de no innovar, "como paliativo, antes que vivan sobre piso de tierra, que vivan en una vivienda de Techo, y una vez que el Estado decida la reubicación de las familias se trasladan las casillas. El 31 de diciembre todas las familias tenían un techo dónde pasar las fiestas", afirmó Villarroel.
Por último, el director de Techo se refirió a la dificultad que tienen las personas que no poseen ingresos fijos y de determinado monto para acceder a terrenos o viviendas. "Mientras el Estado no genere una política pública de acceso al suelo urbano, las familias tienen dos opciones, o asentarse en terrenos que no sean de riesgo, o sea terrenos privados, o a la vera del río o en la ladera del río", aseveró.
Según datos de RENABAP, en Salta hay 154 asentamientos y el 60% se inunda cada vez que llueve, mientras que el 23% se encuentra emplazado a menos de 10 metros de una ribera o río, lo que incide en mayores probabilidades de inundación y desastres económicos y de vida por la crecida del agua.
