NOTA RELACIONADA: La intromisión del diputado Godoy en La Ciénaga intranquiliza a los 13 acusados que tiene la causa
Esta sensación se debe a que quien invoca esa "mediación" es la abogada María Fernanda Guillén, apoderada del senador Juan Carlos Romero.
La supuesta preocupación obedece a que en la edición del día 8 de noviembre Nuevo Diario realizó una publicación que bajo el título "La intromisión del diputado Godoy en La Ciénaga intranquiliza a los 13 acusados que tiene la causa", reproduce lo que el citado diputado dijera en FM Aries, realizando a la vez un informe recordatorio del 11 aniversario de esa causa, en donde la Justicia aún no se expidió, punto de vista compartido con el diputado Manuel Santiago Godoy, cuando afirma: "Yo, la verdad, nunca seguí el juicio de La Ciénaga. Creo que la Justicia debe resolver: si las acusaciones no tienen nada que ver, que lo diga públicamente; si las acusaciones son reales, que lo diga públicamente. Ahora ¿Cómo se hace público? Con una sentencia ¿Conocemos la sentencia? No. Bueno".
La nota de Nuevo Diario, de amplia repercusión, relata todo el derrotero que tiene la causa desde su inicio hasta nuestros días, donde en realidad se resalta o critica la inacción de la Justicia.
Lo curioso que surge de esta citación es que el senador Juan Carlos Romero, publicó una columna en diario La Nación el 20 de febrero de 2020 bajo el título de "Amenaza real a la libertad de información, en un proyecto de ley insostenible".
En esa nota firmada de su autoría se refiere a un proyecto de ley presentado en esa oportunidad por las senadoras María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Pilatti Vergara.
En el ambiente periodístico se podría decir que esa nota, del legislador Romero, "no tiene desperdicio" donde con firmeza y valentía defiende la libertad de expresión o de prensa donde se destacan estos párrafos: "Las senadoras, con este proyecto, buscan censurar e impugnar a la prensa para garantizar la impunidad de personas pertenecientes a su espacio político. Y ese espacio político, por cierto, acumula antecedentes en la materia. La instalación de la idea de un "lawfare", es decir de un complot político para destruir adversarios utilizando a la Justicia y la propuesta de "una Conadep del periodismo", para criminalizar al periodismo de investigación e identificar a los detenidos por denuncias de corrupción con las víctimas de la dictadura son instrumentos abiertamente antidemocráticos y atentatorios contra la división de poderes".
Y sigue: "La Corte Interamericana ratifica la prohibición de cualquier forma de censura previa, sin excluir las responsabilidades ulteriores por el eventual ejercicio abusivo de este derecho, y destaca el diferente umbral de protección del funcionario público que se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la vida privada".
El senador Juan Carlos Romero, que también fue director de diario El Tribuno, sabe y conoce lo que significan las libertades de prensa, de expresión y de información, tal como las defiende en la nota del diario La Nación.
La pregunta ineludible que surge ante esta contradicción es la siguiente: ¿Es así como se defienden esas libertades?, queriendo acallar a un medio que sólo tuvo la osadía de publicar una nota donde aparece su nombre, no porque Nuevo Diario lo inventara sino porque lo dice la Justicia, o ¿es que acaso esta acción cuasi de censura es lo que realmente piensa, mientras sus líneas dicen lo contrario?
Ante la posibilidad cierta de censura, porque hay que reconocer que el legislador nacional tiene poder -lo ejerce y le gusta-, el director de Nuevo Diario anticipó que recurrirá a la Justicia, a los organismos nacionales e internacionales de prensa para que en Salta no ocurra lo que se designa "Bozal legal".
Las libertades fundamentales de prensa, expresión e información, para una sana democracia no lo merecen.
