Lo propicio del entorno, sin embargo, no convence totalmente a todos los operadores del sistema, en especial a las defensorías, las que tienen en sus manos un factor imposible de no tener en cuenta, pues manejan el 60% de los judiciales, los cuales están bajo la línea de pobreza y, por lo tanto, no tienen acceso a medios tecnológicos, necesarios para que la digitalización cumpla su objetivo.
En ese orden, también cabe señalar que entre los abogados, en especial los penalistas, tampoco hay consenso respecto a su aplicación, pues en muchos casos no hay afinidad con la idea.
El gremio de los empleados judiciales, en tanto, tampoco ve este objetivo como algo prioritario, pues más allá de que el mismo podría significar la reconversión de varios empleados, como los de Ujiería, por ejemplo, lo cierto es que el proyecto es considerado como otro más de los que se cobijan en los pasillos de la justicia desde hace años. Y, por ende, lo ven inviable.
En los últimos días, en tanto y ante las movidas mediáticas de la Procuración y la Corte, el proyecto se aleja de llegar a materializarse, pues muchos dentro de la ciudad judicial lo ven como un trofeo en pugna, y no como un paso hacia adelante en el servicio de administración de justicia. Si bien, desde la Corte, se anunciaron avances sustanciales, como la contratación de empresas para mejorar la infraestructura digital, la "despapelización", aún no enfrentó las batallas de fondo para su arribo.
Para la justicia digital, y según las experiencias de Mendoza y La Pamba, el trabajo de las Oficinas Judiciales fue clave para la implementación de la justicia digital, la cual, cabe señalar, ya estaba contemplada en el Código Procesal Penal, algo que en el caso Salta aún no está establecido, pues todo lo normado es en base audiencia presenciales. Por otra parte, algunos jueces creen que se debe avanzar en la oralidad de las audiencias, algo que completaría el sistema acusatorio implementado desde 2012, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. La oralidad de las audiencias, al menos, en el fuero penal, no sólo dejan de lado el papel, sino que agilizan notoriamente el servicio de justicia, lo cual se puede evidenciar en la órbita federal, donde el sistema acusatorio dio paso a una justicia mucho más ágil y efectiva, una meta mucho mayor que deshacerse del papel.
