Pedían que les liquiden correctamente por los meses trabajados y que les restituyan las fuentes laborales, lo que finalmente no ocurrió.
Luego de varias audiencias de negociación laboral llevadas adelante ante la Secretaría de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, las partes interesadas resolvieron el conflicto y lograron firmar acuerdos, que ya fueron homologados por la Secretaría.
Estos últimos trabajadores se incorporan a los empleados que, con el patrocinio letrado de David Campos y Macarena Arroyo concluyeron también sus convenios laborales.
En ese marco, el secretario de Trabajo, Alfredo Batule, destacó que: "Desde la dependencia siempre se propician los espacios de encuentro, las herramientas y los medios a fin de que las partes, a través del diálogo, logren una madurez negociacional para llegar a un eventual acuerdo".
El funcionario provincial también remarcó el asesoramiento y acompañamiento permanente de la Secretaría de Trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras salteñas.
Los ex trabajadores iniciaron un acampe frente a las oficinas de la minera Mansfield que lidera el proyecto Lindero, debido a que EDVSA era una contratista de la minera.
Antecedentes
A mediados de marzo, al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), unos 250 trabajadores de Electrificadora del Valle S.A (EDVSA) fueron despedidos por WhatsApp.
Los trabajadores señalaron que el dinero que recibieron recién a fines de mayo estaba mal liquidado y que, además, no pudieron acceder a las ayudas del Estado debido a que continuaban figurando en el Anses como activos.
Denunciaron también que la empresa no les pagaba las horas trabajadas al 100% de su valor, tampoco los francos, zona desfavorable, entre otros ítems.
Realizaron numerosas marchas e inclusive llegaron a encadenarse en las rejas de la Catedral salteña, de donde fueron desalojados a la fuerza por la Policía, luego de dialogar con monseñor Mario Antonio Cargnello.
Esto provocó que Ramiro Frías, vocero de los manifestantes fuera internado en el hospital San Bernardo, y su compañero Cristian Torres enviado al Centro de Contraventores.
En el transcurso de la lucha que iniciaron en el acampe, denunciaron también que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), luego de participar de dos audiencias en la Secretaría de Trabajo, los había "traicionado" por no defender los derechos de los trabajadores. Esto significó que también se manifestaran en el edificio sindical.
