Ayer el país vivió la “Marcha Nacional 1F” que exigió una reforma en el ámbito judicial de todo el territorio y la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa ciudadana fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones sociales, quienes cuestionaron en el comunicado de la convocatoria el direccionamiento de las causas judiciales contra dirigentes políticos.
Bertha Lozano es referente en Salta de la Liga Argentina por los derechos humanos y una de las convocantes de la marcha de ayer del #1F para reclamar un profundo cambio en el Poder Judicial provincial, apéndice y defensor de los privilegios e intereses del poder social y económico.
La convocatoria de más de 40 organizaciones sociales fue en consonancia con todo el país, y tuvo como epicentro del reclamo, las instalaciones del Juzgado Federal, en la intersección de las calles España y Deán Funes con cartelería.
Marcha con tres consignas
Tres consignas se enarbolaron: la renuncia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fin del lawfare y la democratización de la justicia, todas expuestas en cada uno de las pancartas que acompañaron a los convocantes en la jornada de ayer.
“La misma Corte que tiene para resolver juicios de presos y presas políticas y que también están guardados y sin resolver, porque avalaron y avalan prisiones preventivas como el caso de Milagro Sala", dijo Lozano a Nuevo Diario de Salta.
La referente consideró que hay "una Corte que sigue sosteniendo distintos actos de corrupción, cómplice de los genocidas cuando intentó sacar el 2x1 para los condenados, pero además duerme juicios de lesa humanidad a los fines de garantizar que no puedan seguir enjuiciándose a los genocidas o a los cómplices civiles como lo fue Blaquier, recientemente declarado insano para no seguir siendo investigado ni esté en el banquillo de los acusados.
En el caso de Salta, en horas de la mañana la Fundación Preparatoria del Pueblo, junto a familiares de víctimas contra la impunidad, se sumaron al reclamo con consignas de reforma en el abordaje de las causas y exigiendo mayor celeridad en los tratamientos.
Las necesidades de reformas
Julio Molina, secretario general de la Central de Trabajadores Autónoma (CTA), manifestó a Nuevo Diario que existen muchos motivos para exigir cambios profundos en el sistema judicial argentino.
“En el caso de los sindicatos, es necesario modificar la forma en que se afrontan los juicios laborales. Tenemos casos de compañeros que tienen sus causas paralizadas por más de 5 años” aseveró al respecto el dirigente.
Además cuestionó los procesos de conciliación obligatoria, de los que opinó que son utilizados por las patronales estatales y privadas para intentar doblegar los reclamos sindicales.
“La ley establece que cuando se dictan las conciliaciones obligatorias las partes deben retrotraerse, en el caso de los gremios hace alusión a las medidas de fuerza y en el de la patronal con las acciones que iniciaron el conflicto como los despidos, eso hoy no se cumple” sostuvo Molina.
Justicia para las mujeres
Veronica Caliva, diputada nacional por el Frente de Todos, participó de la marcha a la que consideró una “genuina expresión ciudadana a la que la dirigencia política debe atender”.
“El pueblo está por delante de la dirigencia, nos marca la cancha, creo que no podemos permitir que siga reinando tanta impunidad desde la Justicia”, expresó.
Caliva cuestionó a la Corte de Justicia por el abordaje que realizan sobre las víctimas de violencia de género y los femicidios que inflan las estadísticas en la provincia.
“La provincia viene prorrogando la emergencia por violencia de género pero no hay presupuestos ni políticas públicas acorde a las demandas de las mujeres, la justicia salteña esta de espaldas a las necesidades salteñas”, afirmó.
Además la dirigente sostuvo que hoy Argentina tiene la “obligación de encarar una reforma, y está en los dirigentes encontrar los canales de diálogos y consensos que permitan democratizar la justicia”.
