En el informe, se remarcó que conforme a la información oficial del Servicio Penitenciario de Salta hay una capacidad de alojamiento de 2.777 personas, distribuidas en ocho unidades carcelarias, dos granjas penales y tres alcaidías.
En términos generales, al 11 de abril del 2022, la sobrepoblación es un de un 46,02%, con un crecimiento del 5,23% en el último año. Incluso, expresaron que en los últimos diez años se duplicó la población penitenciaria.
La Unidad Carcelaria 2 “Granja” tiene todas sus plazas llenas sin sobrepoblación, al igual que la Unidad Carcelaria de Cerrillos. La Unidad Carcelaria 3 “Granja”, la Unidad Carcelaria de Mujeres de Orán y la Alcaidía 2 de Tartagal son las únicas unidades con menor población a la capacidad límite; mientras que la Alcaidía N°1 de Capital cuenta con una sobrepoblación del 146,85%, seguido por el Anexo de Mujeres con un 80,76%.
En cuanto a las condiciones procesales, el Comité indicó: “El Servicio Penitenciario aloja a 2792 penados/as, 363 procesados/as, 880 detenidos/as provisorios/as y a 29 personas con medidas de seguridad, al 11 de abril de 2023” y agregó: “En otros términos, puede plantearse que el 30% de la población penitenciaria de Salta no tiene condena”.
Sobre personas de otra nacionalidad, informaron que hasta el 31 de marzo del 2022 había 55 personas privadas de su libertad extranjeras, lo que representa el 1,40% de la población total penitenciaria, “desmintiendo en buena medida cierto discurso discriminatorio y xenófobo”.
En relación a los rangos etarios, tomando la población hasta el 31 de marzo del 2022, la mayor cantidad de población penitenciaria se encuentra entre los 19 y 29 años, seguido de los que se encuentran entre los 30 y 39 años.
Asimismo, desde el Comité expresaron en el informe que a pesar de la declaración de emergencia penitenciaria que incluye la creación de una Comisión en la materia, que debía constituirse en un plazo de diez días desde la publicación (6 de julio del 2022) “todavía no se realizó ninguna reunión”. “En respuesta a pedido de informes realizado por el CPT Salta al Ministerio de Seguridad y Justicia se contesta que las invitaciones se impartieron y las otras partes no designaron a sus representantes”, agregaron.
Otro punto que abordó el Comité de Prevención contra la Tortura fue las condiciones generales de las unidades penitenciarias, afirmando que “ninguno de los edificios monitoreados cuenta con las condiciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”. “El mantenimiento es precario, abunda la suciedad, los olores nauseabundos, la humedad y hongos en paredes y suelos es permanente. Se convive con diferentes insectos y alimañas”, remarcaron.
A ello, agregaron que la situación se agrava por la sobrepoblación, lo que se traduce en diversos grados de hacinamiento: en la Alcaidía de la Capital, por ejemplo, conviven 32 personas en una celda para 12.
Entre otros reclamos, la mayoría de la población penitenciar no cuentan con colchones, mantas ni abrigos. Además, los sanitarios son insuficientes y se encuentran en pésimo estado, con la presencia de suciedad y olores nauseabundos. El acceso al agua es un problema generalizado de todas las unidades penitenciaras de la provincia y hay una falta de provisión de elementos de higiene y aseo personal.
En cuanto a la alimentación, las personas indicaron que hubo una mejora en la calidad desde el 2022, con la contratación de la empresa “Sano y Bueno”, con equipamientos nuevos.
A la situación de sobrepoblación, hacinamiento y malas condiciones se suman demandas recepcionadas por el Comité por la falta de acceso a la salud, cuya respuesta oficial es la falta de movilidad, aunque hay una buena respuesta ante emergencias. Otras demandas apuntan a un maltrato hacia las visitas, incluyendo niños y niñas, y la falta de acceso a la justicia por falta de contacto con los defensores o por retardos a la administración de la justicia.
