En el marco de la pandemia de COVID-19, según indicó la profesional, cientos de personas que pertenecen al colectivo de la discapacidad, se vieron perjudicadas con la interrupción de sus tratamientos.
Advirtió que: “Es alarmante que como sociedad no estemos preparados para saber cómo proceder en estas situaciones”, haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento de sus rutinas, como parte del tratamiento que conlleva cada discapacidad.
En ese sentido, Fernández lamentó que “el sector que debe encargarse de esto, no ha diseñado hasta el momento, ningún protocolo de actuación frente este sector de la población”, agregando que el perjuicio se hace extensivo a los profesionales o prestadores independientes que son los encargados de llevar adelante estos tratamientos.
Al respecto sostuvo que: “Se trata de profesionales que constantemente se capacitan y especializan para brindar una mejor labor, sumado a que costean inclusive gastos de material que deben adquirir, consultorio, gastos de matrícula e impuestos y cuyo ingreso es únicamente de las prestaciones que reciben a través de las obras sociales y prepagas”, añadiendo que en este contexto, algunas les adeudan meses del año pasado.
Precarización extrema
“La precarización laboral es insostenible”, dijo la licenciada en psicología recordando que los aranceles no se actualizan; las demoras de pago son excesivas y actualmente en el marco del decreto presidencial, en relación a la obligación de aislamiento de manera preventiva: “No podemos circular, ni ejercer nuestra profesión, por lo cual nuestros ingresos son nulos, y no estamos contemplados bajo ninguna ayuda del Gobierno ni excepción”.
Rosana Fernández insistió en la necesidad de trabajar por parte del sector de los profesionales, y de la importancia de que las personas con discapacidad, continúen con sus tratamientos para poder sostener el aislamiento.
“La salud mental y física de ellos y de su familia, está en riesgo”, advirtió y también describió que la atención del área de discapacidad está regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que por medio del sistema de integración, reintegra y se hace cargo del dinero que se debe abonar a los prestadores de discapacidad.
“Los planes de tratamiento están aprobados hasta diciembre de 2020, por lo que solicitamos a quienes corresponda que nos abonen las prestaciones que quedaron truncadas por la cuarentena, al tiempo que se habiliten los medios para retornar a la realizacion de estos tratamientos”.
“Es inadmisible que las obras sociales continúen recibiendo los aportes de todos sus afiliados y se nieguen a abonar las prestaciones”, finalizó, exigiendo la urgente intervención de las autoridades en el tema.
