En diálogo con Nuevo Diario, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia, Gisela Pedersen dio detalles sobre el convenio al que se arribó “luego de sucesivas reuniones y de un diagnóstico de la situación y llegamos a esta primera parte para lo que será un proyecto que tendrá múltiples actores”, dijo precisó la participación del Poder Judicial, del Ministerio Público, Servicio Penitenciario, además del Colegio de Psicólogos y del Comité para la prevención de la Tortura.
“Esto nos permite como institución trabajar en la extensión a la comunidad”, señaló la profesional.
Consultada por la complementariedad con los profesionales del gabinete de atención psicológica con los que ya cuentan dentro del Servicio Penitenciario, la psicóloga sostuvo que: “con algunos ya estamos en contacto y sabemos que necesitan de este abordaje ya que los servicios psicológicos de estas unidades están colapsados porque es poco el personal para la gran demanda carcelaria” dijo y agregó que la atención será monitoreada por los profesionales de las unidades carcelarias: “se trata de trabajar en redes y es por eso que vamos a convocar a colegas que estén interesados, tanto en Capital como en el interior para luego conformar un padrón que pueda atender la demanda, con honorarios que están dentro de los mínimos acordados por el colegio que nuclea a estos profesionales”, remarcó.
El acuerdo contempla a personas que estén en cumplimiento o no de condena, y que necesiten o que les fuese solicitado por sentencia un tratamiento psicológico. Consultada por los mayores requerimientos, Pedersen precisó que existen personas próximas a la libertad que se encuentran a la espera de las consultas con psicólogos, como también planteó la necesidad de la realización de talleres para la prevención de adicciones y sensibilización sobre violencia de género.
