Es así que el Gobierno salteño y el municipio de la Ciudad de Salta en virtud de una Resolución fueron autorizados a subastar bienes del Estado en desuso.
El propósito surge debido a la crisis en que está inmersa la Administración Pública tanto provincial como municipal, y debido a que se deben generar más recursos para cubrir la caída de la recaudación y solventar distintos gastos, entre ellos los que ocasiona la pandemia del coronavirus o bien la adquisición de equipamientos.
Por ello, la Cámara de Diputados dio media sanción -el martes último- a un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, por única vez y en forma excepcional, a proceder a la venta en subasta pública de todos los bienes muebles registrables y no registrables -que no prestan utilidad en ninguna repartición- de propiedad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos Autárquicos y Sociedades del Estado. Se trató de una iniciativa de los diputados Javier Diez Villa, Laura Cartuccia, Noelia Rigo, Enrique Sansone y María Villamayor (todos del bloque Salta nos Une).
Mientras que la Resolución sancionada por el CD capitalino es de autoría del concejal Ángel Causarano (Un Cambio para Salta).
En este caso, se insta al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del organismo correspondiente, disponga el llamado a subasta de los bienes muebles registrables municipales que se encuentran en desuso. Lo cual deberá llevarse a cabo conforme a lo establecido en la Ordenanza N°15.593 de adhesión a la ley N° 8.072, Sistema de Contrataciones de la provincia de Salta.
En lo que respecta a la Provincia, cada organismo deberá hacer un inventario de los bienes muebles a subastar consistentes en aquellos que no prestan utilidad en ninguna repartición, o que su mantenimiento resulte antieconómico, o no sean necesarios para la prestación de un servicio público o por cualquier otra causa debidamente fundada. Todo esto en cumplimiento del Decreto Ley 705 /57, Ley 8072 y demás normas vigentes.
Se establece que lo recaudado en las ventas cubrirá, por un lado, los honorarios de los martilleros, y el resto será depositado en una cuenta del Banco Macro.
Un 50% de los recursos que se obtengan se destinarán a otorgar créditos sin intereses para personas físicas y/o jurídicas cuyas actividades comerciales, profesionales o de servicios se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19, y el saldo restante se destinará a la adquisición de vehículos para las áreas de Salud y Seguridad.
En relación al ámbito municipal, el concejal Causarano afirmó la necesidad de concretar la subasta de bienes municipales en desuso, luego de recorrer las instalaciones del Centro Cívico Municipal (CCM), Tribunal de Faltas, planta hormigonera, donde observó la cantidad de vehículos y maquinarias inservibles, cuya recaudación en el remate serviría para adquirir maquinaria nueva.
