Vizzotti, firmó una resolución que actualiza el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)”.
Además, mediante otra resolución, se amplió el acceso a la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) para su venta libre en farmacias sin receta médica.
“La sinergia tan potente y la mirada optimista de todas y todos los que trabajan para conquistar estos derechos”, dijo la ministra Vizzoti luego del encuentro. Además, consideró que estas resoluciones “no sólo son un avance en el plano simbólico, sino que además son herramientas concretas para implementar las leyes en espacios donde surgen dificultades”.
El trabajo de los equipos
Durante el encuentro, se destacó el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Es un actor fundamental para derribar barreras y garantizar derechos”, manifestó la ministra y agregó, “tenemos un protocolo actualizado y el equipo comprometido por lo que espero que el año que viene nos encuentre celebrando más derechos”.
Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, agradeció el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y, al tiempo que celebró las nuevas normativas, subrayó que “siguen los lineamientos de la OMS para ampliar el acceso a derechos”.
Cuáles son las actualizaciones
La nueva edición del “Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)” busca garantizar la calidad de las prácticas y la disponibilidad de los mejores estándares de atención en todo el país; a la vez que se actualiza el texto de acuerdo a las “Directrices 2022 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Se producen al menos cuatro cambios significativos en relación a las recomendaciones de la OMS. En primer lugar, las directrices son enfáticas en recomendar que se elimine la criminalización del aborto y se aborde en todos los casos desde una política sanitaria. A la vez, también se insta a que los países desistan de criminalizar efectivamente a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo.
También se reconoce que tanto obstétricas como personal médico de todas las especialidades pueden participar en el proceso de acceso a abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado.
Por último, y en relación con los criterios de atención, se recomienda eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctica del aborto. Puntualmente se convoca a eliminar: periodos de espera o reflexión, consentimiento de padres, cónyuges o representantes legales (incluso en el caso de adolescentes y personas con discapacidad), autorizaciones administrativas por comités de ética, o recetas con requerimientos excepcionales, entre otras.
