La Asesora General de Incapaces y presidenta rectora de la Escuela del Ministerio Público, Mirta Lapad, participó junto a la Defensora General de la Provincia, María Inés Diez del acto de inauguración.
Lucrecia Sanmartino, defensora del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el departamento judicial San Martín, Provincia de Buenos Aires, se refirió a los cambios que hubo con el paso de un sistema tutelar a uno de garantías, en un panel que moderó el defensor oficial penal de menores número tres, Adolfo Sánchez Alegre.
La experta hizo hincapié en la importancia de trabajar en la prevención y socialización. Destacó que el acceso al deporte y la recreación son factores clave para el de-sarrollo.
Con respecto a los procesos judiciales, dijo que es fundamental que los adolescentes se sientan protagonistas, que estén en el centro de la atención y que comprendan todo lo que está pasando. Además, valoró la importancia de la progresividad en las penas y las medidas alternativas a la privación de la libertad.
María Laura Giosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), profesora de Derechos Humanos y Garantías y directora del centro de Derechos Humanos de esa casa de estudios habló de los desafíos en la implementación efectiva de la CDN.
La experta hizo un repaso de casos jurídicos emblemáticos de defensa de los derechos de los niños en la región, en un panel que moderó la secretaria relatora de la Asesoría General de Incapaces, Isabel Rodríguez Virgili.
Además indicó que “el Estado argentino, se encuentra obligado en dos fases: a nivel universal y a nivel interamericano”. “En el sistema interamericano no tenemos una Convención de Derechos del Niño en particular pero tenemos el artículo 19 de la Convención Interamericana, que sostiene que todo niño, por su condición de menor, es sujeto de medidas especiales de protección por parte de la sociedad, la familia y el Estado”, señaló.
Durante la jornada, Mirta Lapad y María Laura Giosa firmaron un convenio de colaboración y cooperación académica entre la Escuela del Ministerio Público y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).
En este sentido, Lapad destacó que un ejemplo del impacto del tratado internacional en Salta es la sanción de un procedimiento penal especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal. “Si bien por ahora no está en marcha este procedimiento sabemos que prontamente, una vez que se implementen los mecanismos necesarios, va a entrar en vigencia”, agregó.
La funcionaria se refirió a otros cambios significativos, como el hecho de “concebir a la responsabilidad parental como una función que cede su espacio cuando la capacidad madurativa de los hijos lo reclama” o “el protagonismo que el adolescente tiene en las decisiones que se vinculan al derecho al cuidado de su propio cuerpo y la preservación de su intimidad e imagen”.
De todos modos consideró que “todavía no se ha logrado que todos los niños disfruten de una infancia plena” y agregó que “aún muchas infancias terminan antes de tiempo”.