López Soto dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, porque los denunciantes aseguran que la mujer también vendía bolsones donados con fines sociales.
La mujer fue imputada este fin de semana, en base a las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial y los elementos obtenidos mediante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías N º 5, en el domicilio a cargo de la acusada y donde funciona un merendero y comedor, en la zona sudeste de la capital.
Durante la investigación, se constató que Avilés tenía a su disposición sustancia estupefaciente que vendía a diferentes consumidores, y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita que realizaba.
Las actuaciones comenzaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página Web a cargo del Ministerio Público Fiscal, la que precisó que en el merendero “Los Ángeles del Gauchito Gil”, del barrio homónimo, la imputada comercializaba sustancia estupefaciente.
Las tareas de vigilancia mediante las cuales se constataron que distintas personas intercambiaron dinero por estupefacientes, fueron documentadas por personal policial con fotografías y filmaciones.
Se sumaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron que en el lugar también se venden bolsones de mercadería que son entregados en donación para el merendero.
A partir de esa afirmación, el fiscal López Soto dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que investigue la posible comisión de delitos en torno a las donaciones.
En el marco de la investigación, a una de las personas que compró se le secuestraron seis envoltorios de polietileno, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta.
Y durante el allanamiento, en el domicilio se incautó un frasco con 161 envoltorios con la misma sustancia; $2.060 en efectivo y dos teléfonos celulares. El narcotest dio resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 11.7 gramos.
Funciones en forma remota en Embarcación
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que la fiscal penal de Embarcación y todo el personal de dicha fiscalía, también cumplirán sus funciones en forma remota y con guardias telefónicas las 24 horas. La restricción al público es total.
La medida adoptada primero para el Distrito Judicial del Norte-Tartagal, con el fin de resguardar al personal del organismo y fundamentalmente, a toda la comunidad, se hizo extensiva a la Fiscalía Penal de Embarcación, del municipio ubicado en departamento General José de San Martín.
