La pareja, líderes espirituales de una congregación salteña Umbanda que veneraba a San La Muerte, quedó imputada y con pedido de prisión preventiva por el delito de trata de personas agravado por ser cometido con fines de explotación sexual.
Este delito se agrava por la calidad de "ministros de un culto" de los autores, tal como lo establecen los artículos 145 bis y ter, inciso 6 del Código Penal.
La imputación, presentada por el fiscal general José Eduardo Villalba de la Unidad Fiscal Salta, fue formalizada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, quien también hizo lugar a otros pedidos de la fiscalía, entre ellos la prisión preventiva de ambos acusados.
Se había dispuesto que el pedido de prisión preventiva de Jorge Juan Soria Villalba sea inmediato y de cumplimiento efectivo y su defensa se había comprometido a presentarlo hoy ante la justicia, pero se fugó.
Hoy se debía realizar una audiencia de imputación a pedido de la defensa, pero ahora consideran que el pedido haya sido unaestrategia para disfrazar la fuga. El Pai no apareció para el horario de imputación y el juez Bavio ordenó su captura.
En lo que se refiera a la acusada María Ester Arroyo, la prisión la cumplirá la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. También autorizó el embargo preventivo de una propiedad de los acusados en donde funciona el Templo a San La Muerte, en Villa San Antonio, a escasos minutos del centro de la ciudad.
También, y a instancia del Defensor de Víctimas Nicolás Escándar, se ordenó la devolución de un vehículo que usufructuaban los acusados, el cual pertenecía a una mujer que había sido captada por los acusados, quienes terminaron quedándose con el dominio del auto, el que fue secuestrado en un allanamiento realizado a instancias de la fiscalía.
Concluida la audiencia, el fiscal Villalba se mostró conforme con las medidas dispuestas por el juez, ya que las mismas coinciden con la teoría del caso que lleva adelante la fiscalía. "Se trata de un caso muy sensible, pues está de por medio la dignidad de mujeres que, por su condición de vulnerabilidad, se vieron captadas por los acusados, los que lejos de darle una contención espiritual, se valieron de ese dolor y se aprovecharon de ellas", explicó el fiscal.
Sostuvo, a su vez, que se trata de un caso complejo, con muchas aristas que aún son motivo de investigación, razón por la cual se solicitaron las medidas de coerción del caso, las cuales fueron claramente entendidas por el juez Bavio.
"No fue algo casual, sino una investigación que la Unidad Fiscal trabaja desde febrero pasado, cuando una persona se acercó y realizó una denuncia. Una vez que se realizó el allanamiento, en tanto, se sumaron otros testimonios que no hacen más que darle mayor firmeza a la acusación", agregó.
Resaltó también el importante aporte brindado por la fiscal María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la que coincidió con la fiscalía respecto al encuadre legal del caso.
“Captaban personas vulnerables”
Al presentar el caso, el fiscal señaló que los acusados, bajo la pantalla de líderes espirituales, se dedicaban a captar personas en estado de vulnerabilidad, siendo su cometido doblegarles la voluntad y así someterlos al ejercicio de la prostitución, en el caso de las mujeres.
Agregó que la conducta delictiva -establecida en el delito de trata de personas- se completaba con el desplazamiento patrimonial a su favor por parte de esas víctimas, las que debían entregarles a los acusados entre el 40 y 70 % de las ganancias obtenidas por una actividad que ellos mismos inducían.
"Esa captación iba dirigida a personas vulnerables, angustiadas, que llegaban a la congregación en busca de protección. Allí, si bien recibían cierta contención espiritual, a la vez se le generaba una exigencia de contribución, induciéndolas al ejercicio de la prostitución, para luego quedarse con las ganancias, situación que tenemos por probado ya en, al menos, dos casos", acusó el fiscal.
Incluso señaló que el inmueble en el que residen y donde funciona el templo, según las pruebas reunidas, habría sido obtenido gracias al aporte dado por víctimas que fueron captadas e inducidas a prostituirse y realizar pago de cuotas mensuales, para lo cual los acusados no sólo se encargaban de facilitar los lugares para el ejercicio de la prostitución en esta ciudad, sino también en Bolivia.
Al respecto, la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, aportó una serie de pruebas que permiten a la fiscalía sostener esta hipótesis, entre ellas registros migratorios de los acusados y una de las víctimas, casualmente hacia el vecino país.
"El objetivo de los acusados como líderes espirituales no tenía nada que ver con el culto. No tenemos dudas de ello, aquí están en juego los derechos humanos, pues a partir del dolor de la gente, un dolor funcional a los imputados, se llevó a las víctimas a una vida incompatible con la dignidad humana", afirmó Villalba.
Con este énfasis, el fiscal abordó su petición para que se dicte la prisión preventiva de Soria Villalba y Arroyo debido a la naturaleza y gravedad del hecho, en el cual el Estado Argentino tiene el compromiso internacional de abordar esta materia delictiva.
