EN CALLE CASEROS AL 400

Por otro fraude en el PAMI Salta estarían implicados empleados y un empresario

Efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal llevaron adelante un nuevo allanamiento en las oficinas centrales del PAMI en busca de documentación relacionada a un supuesto caso de fraude, en el que también estaría implicado un empresario local.

Ricardo Toranzos.
Ricardo Toranzos.

Lo llamativo del caso fue que, a la hora en que los policías llegaron para cumplir con la diligencia, también se hicieron presentes varios manifestantes, los que pidieron hablar con la directora Verónica Molina, quien no sabía si atender a los policías o a las personas que fueron a protestar.

Después de algunos minutos, finalmente los policías pudieron concretar el allanamiento, el cual fue solicitado por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, ubicada al frente de las oficinas del PAMI, sobre calle Caseros al 400.

Pese al hermetismo del fiscal, ayer surgieron trascendidos respecto a la investigación en curso, la cual tendría como sospechosos a dos empleados, los que estarían implicados en una serie de licitaciones que eran direccionadas y en favor de un empresario local.

Una de las contrataciones investigadas, al parecer, tendría relación con una fiesta que, casualmente, estaba programada para fin de año, pero que ahora fue suspendida debido a la sospecha de que se trataría de una licitación previamente negociada para beneficiar un determinado proveedor.

Esta nueva medida judicial en las oficinas del PAMI no hacen más que incrementar las sospechas en torno a la administración que lleva adelante Molina, quien el 21 de octubre pasado fue imputada junto al asesor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Marcos Vera, por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.

Previo a ello, en agosto pasado, el mismo fiscal Toranzos había realizado otro allanamiento en las oficinas del PAMI, aunque en esa ocasión se buscaban pistas y documentación relacionada a dos hechos delictivos, los que aún son motivo de investigación.

Los casos se iniciaron a partir de la declaración de un testigo que pidió reserva de su identidad, quien denunció que Molina y Vera obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta, a entregar el 20% de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones promovidas por la organización “La Cámpora”.

 

 

 

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