Aunque no se conoció ninguna información oficial, quizás para que no cunda el pánico, apenas se inició el año judicial -o sea en el transcurso de la semana pasada- fue cerrado el sector administrativo para la concurrencia de empleados ante la posibilidad de un caso positivo de COVID-19, trascendiendo que a pesar de ello el resto de empleados del sector continuarían su tarea en forma remota.
Mientras tanto la tarea tribunalicia prosiguió intensamente y así terminó la semana, pero según algunos trascendidos una empleada habría concurrido toda la semana a trabajar en forma presencial y el último día de la semana sintió síntomas probables de COVID, lo que provocó alarma en todos sus compañeros.
También -sin haberse tenido una comunicación oficial- se supo que los empleados de ese sector no concurrirían a sus tareas en forma presencial por el término de 10 días hasta conocer el resultado del testeo de la empleada sospechada.
De dar positiva, la reacción permitiría determinar que habría que intensificar y endurecer los controles no solo con los profesionales, que concurren a diario a tribunales, sino también con los empleados, a fin de evitar la propagación del virus que ya viene afectando a un importante número de personas.
Por otra parte, habría que tener en cuenta que recién finaliza la feria judicial, lo que con la apertura del turismo, habría permitido el desplazamiento de algunos empleados a otros puntos de la provincia o a otros destinos, y a su regreso no fueron testeados o al menos por precaución no se les realizó los controles correspondientes.
