Por el hecho, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa en la que cinco efectivas del Servicio Penitenciario de la Unidad Carcelaria N° 4, fueron imputadas por el delito de severidades calificadas, en calidad de coautoras.
Las imputaciones recayeron sobre las efectivas sargento María José Guzmán, cabo primera Cristina Arancibia Peñaranda y las cabos María Alejandra Gutiérrez y Jésica Judith Maza, quienes en su carácter de funcionarias públicas eran las encargadas de la custodia y vigilancia de la interna víctima.
Si bien en un primer momento también fue imputada la sargento Ana Elizabeth Rodríguez, la investigación permitió determinar que ésta no ingresó a la celda de la víctima, por lo que al haberse corroborado con certeza que no participó del hecho investigado, el fiscal penal González requirió su sobreseimiento.
Del requerimiento, surgió que durante la medianoche del 25 de julio del corriente año, las acusadas acometieron en contra de la integridad física de la víctima, a quien agredieron físicamente con patadas en los brazos, piernas y rostro, que le produjeron lesiones que fueron constatadas mediante un examen médico realizado por el CIF.
Además, prestaron declaración testimonial otras internas, quienes no solo pudieron escuchar los gritos y ver las lesiones sufridas por la víctima, sino que también situaron a las acusadas en el lugar del hecho y las señalaron como las agresoras.
Práctica estructural
En su requerimiento, el fiscal recordó que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario, cuya tutela de bienes jurídicos le han sido encargada dentro del sistema constitucional y democrático.
A fin de contrarrestar esta histórica y tolerada práctica, resulta necesario adoptar un enfoque basado en Derechos Humanos, que permita identificar y oportunamente en consonancia con los Instrumentos Internacionales con Jerarquía Constitucional, erradicar estas prácticas de nuestras democracias, mediante la investigación y sanción de estas conductas ilícita.
