Ahora el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta sigue ese derrotero ya que incorporará 60 unidades para las fuerzas en prevención de delitos. El gobierno nacional también adquirió un centenar de ellas, un modelo diferente al adquirido en la gestión de Cambiemos. . Precisamente el diputado Exeni, consideró que el gobierno de Gustavo Sáenz debería solicitar para la policía local algunas unidades de ese cargamento proveniente del exterior.
Tal requerimiento del legislador que apunta a lograr ser reelecto en los comicios del 14 de mayo próximo, fue rechazado por el Comité contra la Tortura, que pidió desestimar su uso.
El Comité local está integrado por Rodrigo Solá, Ramón Rosa Corregidor, Cristina Cobos y Marcelo Andrés Giordamachi, con facultades para emitir observaciones y opinión técnica especializada a las autoridades pertinentes para prevenir actos de tortura. Fue el pasado 28 de marzo que Diputados aprobó la declaración que vería "con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Ministerio de Seguridad de la Nación la provisión de pistolas Taser como así también la instrucción de uso correspondiente".
El organismo que actúa contra la tortura en su pronunciamiento el Comité le recomendó al Ministerio de Seguridad y Justicia desestimar la declaración de la Cámara de Diputados, por resultar contraria a los estándares de derechos humanos vigentes en la materia.
El Comité señaló que las pistolas Taser son consideradas "armas con poder menos letal", que las armas de fuego, pero"igualmente son letales". También advirtió que la clasificación errónea como "armas no letales" puede dar lugar a confusión y avalar su uso en cualquier tipo de contexto.
Las Taser "ocasionan una incapacidad temporal.
En todos los casos produce una descarga de contacto directo que genera dolor, sufrimiento físico y psíquico, que podrían considerarse torturas o malos tratos y abiertas violaciones a los derechos humanos", indicó el Comité. De esta manera, el uso de estas pistolas "conlleva una serie de riesgos que trasgreden las recomendaciones dadas por organismos internaciones de Derechos Humanos y por normativa interna de nuestro país".
Su uso puede derivar en daño, castigo o para confesión
También el Comité contra la Tortura de Salta, expresa algunas recomendaciones, al enfatizar que el uso de esas armas "pueden potenciar la violencia institucional", "debido a su facilidad de uso, portabilidad, capacidad de infringir dolor sin dejar señales importantes". Además, advirtió que el uso de las Taser podría volverse masivo y escapar al control de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y legalidad que deberían regular el uso de toda fuerza pública, y que éstas pueden ser utilizadas con la mera finalidad de provocar un daño, castigo o confesión.
"El organismo citó un informe del Programa sobre uso de la fuerza y empleo de arma de fuego del Ministerio de Seguridad de la Nación, de 2.020, e indicó que el 51,6% de hechos con disparos por parte de fuerzas de seguridad ocurrieron cuando los agentes se encontraban fuera de servicio", destacó un artículo de Pagina 12.
En 107 países
En todo el mundo hay 19.000 cuerpos policiales de 107 países que cuentan con un total de 850.000 Taser, según El País. En el Reino Unido, su uso está restringido a la policía por muertes causadas por su uso. En Francia emplean estas armas desde 2006. Las usan policías finlandeses, griegos y austriacos. En Alemania están prohibidas desde 2008. Tampoco son legales en Italia.
Aprobado a libro cerrado
Fue llamativo que ningún legislador provincial en la Cámara de Diputados se opusiera a la iniciativa de su par Omar Exeni (Capital-SnU) que instaba a las autoridades del gobierno salteño recurrir al ministerio de Seguridad de la Nación para proveer de pistolas Taser a la policía local.
Los diputados a “libro cerrado” le dieron curso a la Declaración y en el análisis se observa que actuaron como una cofradía y ninguno puso en la balanza su propio criterio, más aún que estas armas de electrochoque están prohibidas en algunos países de Europa e inclusive en varios estados de norteamérica. Ocurren casos letales, debido a su mala utilización o el estado de salud contra quien se usa. Implican casos de trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura, por su uso. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que incluso la muerte de algunas personas ha estado relacionada con el uso de este tipo de armas de electrochoque.
